El Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas llevó a cabo un exhaustivo relevamiento de la Audiencia Pública que revela datos muy interesantes.
Por Rosa Aboy * – Publicado el 23 de febrero de 2020
A principios del mes de febrero de 2021 concluyó una Audiencia Pública histórica que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, y que marcó un hito de participación ciudadana. En efecto, en medio de las fiestas de fin de año, en pleno verano y en pandemia, 2058 ciudadanos tuvieron el entusiasmo, la convicción y la energía para expresar públicamente sus opiniones, argumentos, propuestas y críticas respecto de un proyecto urbano.
El proyecto del Poder Ejecutivo, previamente aprobado en primera lectura por la Legislatura Porteña, proponía cambiar la normativa urbanística para habilitar, luego de 30 años de concesiones que vencen en 2021, la construcción de 687.000 m2 totales de edificación sobre tierras públicas costeras del Río de la Plata, que serían puestas a la venta.
Según estipula la normativa vigente (Ley PUA y Constitución CABA) – que este proyecto de ley aspira a modificar – vencidas las concesiones, las tierras debían volver al uso y disfrute, libre e irrestricto, de la población porteña. Es decir que las 32 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco no debían ser nuevamente concesionadas ni, mucho menos, vendidas y urbanizadas”.
Según el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas (CdeA), que llevó a cabo un exhaustivo relevamiento de la Audiencia Pública, el 97,3% de quienes se presentaron como oradores se manifestó en contra de la urbanización de la costa ribereña y a favor de que la totalidad de las tierras se convierta en un gran parque público, accesible y seguro, para disfrute de grandes y chicos. El 2,7% restante se manifestó a favor de la sanción de la Ley propuesta por el Poder Ejecutivo, cuando finalizada la Audiencia Pública vuelva a ser tratada por los legisladores en segunda lectura para su eventual aprobación definitiva.
Finalizada la Audiencia Pública, una serie de entrevistas periodísticas a encumbrados funcionarios y legisladores da cuenta de la intención de avanzar con la sanción de la Ley en segunda lectura. Ahora bien, ¿sería legítimo desde el punto de vista del contrato social con los ciudadanos y ciudadanas, ignorar la oposición del 97,3 % de quienes se manifestaron en la Audiencia Pública? Sobre todo a la luz de la Ley N° 6 de Audiencias Públicas, que establece los procedimientos de las leyes de doble lectura, para las cuales es mandatorio explicitar “de qué manera se han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales se han desestimado” (Art. 2º).
Vemos con preocupación que desde algunos despachos porteños se está apelando a descalificar a las y los oradores de la Audiencia Pública, adjudicando a los mismos un inverosímil carácter de “opositores al gobierno”. Para cualquiera que haya seguido las exposiciones, es evidente que muchas de ellas comenzaban hablando de la decepción con los representantes que habían votado, y a quienes reclaman más espacios verdes, poder disfrutar del Río o recuperar paisajes caros a la historia y la identidad de quienes hicieron uso de la palabra. A contramano de estrategias binarias, la Audiencia se caracterizó por su frescura, diversidad y heterogeneidad. Por su parte, las encuestas de opinión encargadas por el gobierno porteño confirman la mayoritaria oposición al proyecto de cambio de normativa, venta y urbanización de estas tierras por parte de quienes no participaron de la mencionada Audiencia Pública.
Siguiendo el relevamiento del Colectivo de Arquitectas, podemos saber que entre los participantes predominaron las mujeres (63% de los oradores) sobre los varones (37%) y los mayores de 30 años (72% de los participantes) sobre los jóvenes de entre 16 y 29 años (28%). A primera vista sobresale esta importante participación de estudiantes secundarios y jóvenes en sus veintipico, generalmente ausentes de los debates legislativos. Muchos argumentos de gran contundencia y sensibilidad provinieron de ese segmento etario, que descubrió la posibilidad de opinar y participar, por primera vez, en este tipo de instancias.
Dentro del 97,3% que se opone al cambio de normativa, el argumento más mencionado fue la falta de espacios verdes en la ciudad, que apareció en 1146 intervenciones. Por su parte, 1055 oradores hablaron de la necesidad de recuperar la totalidad de la tierra y el río y 769 hicieron referencia a la necesidad de frenar la venta de bienes públicos. El rechazo a la barrera entre el Río de la Plata y la ciudad, resultante de la construcción de los edificios proyectados, fue mencionado por 314 personas. Dentro de los argumentos de corte más técnico, 865 oradores se refirieron a la inconstitucionalidad del proyecto de ley (por contradecir las normas vigentes como el PUA, la Constitución de la CABA o la Ley Nacional de Ambiente), mientras que 574 ciudadanos hicieron uso de la palabra para referirse a los problemas ambientales y ecosistémicos que podrían devenir de una posible urbanización e impermeabilización de esas tierras.
Los argumentos netamente políticos ocuparon el centro de 280 exposiciones en esta Audiencia Pública y obedecieron a la decepción y el reclamo de votantes del oficialismo frente la iniciativa y al rechazo al eventual apoyo de los legisladores aliados, a contramano de la letra de plataformas electorales. Los diferentes argumentos analizados muestran que de manera explícita e implícita, las nociones relativas a la legalidad y a la legitimidad han atravesado esta Audiencia Pública de manera recurrente.
Entre los argumentos empleados por quienes se manifestaron a favor de la sanción de la Ley, el más utilizado fue el del supuesto aval de instituciones vinculadas al ejercicio profesional de la arquitectura y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La propia Audiencia Pública se encargó de desmentir esta falacia, pues la Sociedad Central de Arquitectos-SCA, representada por su presidente, Darío López, manifestó su oposición a la sanción de la Ley. También el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo-CPAU, representado en la Audiencia por su actual Vicepresidenta 1ª, Claudia Lanosa, desgranó los argumentos por los cuales no apoya la sanción de la misma. Por su parte, la FADU-UBA no se presentó en la Audiencia Pública ni ha dado cuenta públicamente de su postura institucional.
A la luz de lo acontecido en esta Audiencia Pública, pareciera prudente dilatar el tratamiento de la norma en segunda lectura o, aún mejor, dar sanción al Proyecto de Ley alternativo, presentado por las diputadas Claudia Neira y María Rosa Muiños, y firmado por varios legisladores, que pide la abrogación (anulación) de la Ley sancionada en primera lectura.
En la encrucijada entre vender tierra pública y construir edificios que tapen el horizonte, o hacer un gran parque público con infraestructura, iluminación y seguridad para las personas, solo una de las dos es irreversible.
*Vicepresidenta del Instituto Ciudad, Profesora Investigadora FADU-UBA, integrante del Colectivo de Arquitectas
Foto: Gentileza Magdalena Eggers
