Dra. Silvia La Ruffa

El Ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf, se presentó ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña para dar cuenta de la situación de fuga recurrente de presos. 

En esta ocasión, describió la cuestión como si fuera un tercero observante y no el responsable, por delegación del Jefe de Gobierno, del Sistema Integral de Seguridad Pública del distrito: cuando se refirió a las más de 2.500 personas detenidas en diferentes dependencias del gobierno local planteó como “inevitable” la problemática de las fugas.

La solución inmediata a la pregunta sobre dónde alojar hoy a las personas privadas de la libertad es solo la aspirina para un paciente grave.  Aspirina que debe ser suministrada ya, pero no es la cura.  Más allá de los containers y las peleas con Patricia Bullrich y el gobierno nacional, nada dijo sobre un posible acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que suponga terrenos penitenciarios en el área metropolitana a cambio de obras no solo para nuestros detenidos, sino que mejore las instalaciones en general u otros mecanismos que alivien la situación hoy y colaboren con la respuesta integral de largo plazo.

Desde el 2017, la Policía de la Ciudad ha duplicado la cantidad de detenidos por robos y hurtos. No obstante, los datos muestran que el aumento de detenciones no ha redundado en una disminución en la cantidad de denuncias de delitos contra la propiedad que son los que más afectan a las y los vecinos en el día a día.  Entonces nos preguntamos: para el Gobierno de Jorge Macri, ¿cuál es el sentido de la pena?  Ya sabemos que no es -o no debería ser- el castigo porque así lo dice la Constitución Nacional, pero pareciera que para el PRO la privación de la libertad es solo para “alejar” a los que cometen delitos de la sociedad, remover el “peligro” temporalmente. Y aunque esa es una teoría que no se ha probado fácticamente, implica además una inversión pública enorme en infraestructura, salario del personal penitenciario, comida de los detenidos, servicio de salud, etc. Y el resultado es nulo.  Lo dicen los datos, no el relato.

La privación de la libertad debe ir acompañada de un objetivo -reinserción, resocialización, reeducación-, pero claramente los que piden los vecinos de la Ciudad es que se le ponga fin a la reincidencia. Sin mencionar que la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública establece que “dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena a los fines de lograr la reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente” es uno de los objetivos del Sistema de Seguridad. No quedó claro de la presentación del Ministro Wolf cuándo van a enviar el Proyecto de Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad y los Proyectos de Ley Orgánica y de Estatutos del Personal del Servicio Penitenciario.

Quien también debería responder es el Ministro de Justicia porque la cuestión del tratamiento de las personas privadas de la libertad no es solo un problema de seguridad sino también de Justicia. Y por supuesto, también es una cuestión de desarrollo urbano.

El emplazamiento de infraestructura penitenciaria en un barrio suele ser conflictiva.  Entonces, nos preguntamos ¿qué estudios realizaron para determinar los lugares donde se construirán establecimientos penitenciarios?, ¿qué dimensión tendrá el servicio penitenciario de la Ciudad?, ¿qué cantidad de metros cuadrados tienen pensado construir sobre la base de qué población carcelaria estimada? , si están previstas las áreas de estudio, trabajo y ocio necesarios para cualquier posibilidad de disminuir la reincidencia y, sobre todo, qué política se van a dar con los vecinos y vecinas de los lugares y con las Juntas Comunales para morigerar el impacto y garantizar que esa intervención genere más beneficios que situaciones que alteran la vida cotidiana de esos vecinos.

Los vecinos y vecinas de la Ciudad no solo esperan estas respuestas, sino que necesitan que se dejen de tirar la pelota entre el gobierno anterior (que era su gobierno) y el gobierno nacional y que Jorge Macri resuelva este problema que hace años venimos señalando que va a ocurrir si no se toman cartas en el asunto.  Aceptar competencias jurisdiccionales penales implica resolver la cuestión del alojamiento y tratamiento de las personas privadas de la libertad y también el seguimiento post penitenciario para garantizar que no vuelvan a delinquir que es lo que todos demandamos.