Por Marcelo Clingo* y Beatriz García **
En el panorama nacional de la psicología argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta una singularidad institucional que la distingue de todas las demás jurisdicciones: el ejercicio de la profesión está bajo la égida del Ministerio de Salud de la Nación. Esta situación constituye una anomalía si se la compara con la totalidad de las provincias del país, donde son las autoridades provinciales o los colegios profesionales creados por ley, los que cumplen la tarea de la regulación de la matrícula, la habilitación de los consultorios, la definición de especialidades y la supervisión ética de la práctica profesional.
En las provincias argentinas, los colegios profesionales de psicólogos se constituyen como entes autónomos con personería jurídica y atribuciones legales para otorgar, renovar y controlar la matrícula profesional; establecer tribunales de ética integrados por pares; habilitar consultorios; regular el reconocimiento de especialidades y detectar y sancionar el ejercicio ilegal de la profesión. Estos organismos no solo garantizan el cumplimiento de estándares técnicos y éticos, sino que fortalecen la autonomía profesional frente a las injerencias estatales o políticas y velan por la correcta asistencia de la salud mental de la comunidad.
En CABA, en cambio, esta estructura no existe. El control de la matrícula, así como la habilitación de consultorios, la supervisión ética y la definición de especialidades, depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. Esta situación genera un doble efecto: por un lado, una dependencia administrativa que limita la autonomía local; por otro, la ausencia de mecanismos de autorregulación propios de la profesión, como los tribunales de ética, cuya existencia en otras jurisdicciones asegura que las controversias y faltas sean juzgadas por pares y no por funcionarios estatales. Del mismo modo, resulta nulo el control y la sanción de las prácticas ilegales dentro del ámbito de la psicología, dado que el Ministerio de Salud de la Nación no desarrolla ninguna acción en este sentido.
La transferencia de competencias desde la Nación hacia la Ciudad en materia de regulación profesional ha sido un proceso postergado de manera indefinida. Pese a que CABA posee autonomía política desde la reforma constitucional de 1994, las profesiones vinculadas al área de la salud siguen bajo control nacional. Este atraso, lejos de ser una mera cuestión administrativa, erosiona la capacidad de la Ciudad para ejercer plenamente su autonomía en materia de políticas sanitarias y profesionales. El Ministerio de Salud de la Nación mantiene, por tanto, la potestad exclusiva sobre:
- Otorgamiento y control de la matrícula profesional
- Establecimiento y reconocimiento de especialidades
- Habilitación de consultorios
- Supervisión de las cuestiones éticas
Este centralismo contrasta con el resto del país, donde estas funciones se encuentran mayoritariamente descentralizadas en los colegios profesionales provinciales, fortaleciendo la autogestión y el control interno de la profesión.
La inexistencia de un tribunal de ética profesional en CABA constituye una carencia grave. En la mayoría de las jurisdicciones, la supervisión ética recae en los propios profesionales organizados en colegios, lo que garantiza independencia del poder político y adecuación a los criterios y valores de la disciplina. En CABA, al no existir un colegio, esta tarea queda desdibujada: el Estado, a través del Ministerio de Salud, no asume la función de supervisión ética con la especificidad y profundidad que requiere la práctica psicológica, lo que deja a la profesión en una situación de vulnerabilidad institucional.
La falta de control y sanción sobre las prácticas ilegales de la psicología supone un doble daño. Por un lado, lesiona al colectivo de colegas con el título habilitante correspondiente, en tanto que se producen ofertas de prestaciones de asistencia pretendidamente psicoterapéuticas, sin ningún control, ofreciéndose prácticas que no están respaldadas por ningún basamento científico, distorsionando el campo de intervención de los colegas legítima y legalmente formados para tal fin. Por otro, y este punto es aún más grave, la ausencia de controles daña severamente a la comunidad, que se muestra indefensa y desinformada respecto de este tipo de ofertas engañosas, lastimando seriamente el acceso a su salud mental.
Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad creó a través del Decreto 46 2025 la Dirección General de Competencias Sanitarias Jurisdiccionales, con la función de coordinar, junto con el Estado Nacional, las tareas necesarias para el traspaso de competencias. Sin embargo, este avance institucional quedó en el plano formal: hasta la fecha, no se ha registrado un solo progreso efectivo hacia la concreción del traspaso. La persistencia de esta parálisis refuerza la excepcionalidad de CABA y perpetúa la dependencia administrativa.
La situación del ejercicio profesional de la psicología en CABA revela un problema estructural que combina déficit de autonomía institucional, ausencia de mecanismos de autorregulación y retrasos administrativos que afectan la calidad y legitimidad del ejercicio profesional.
La inexistencia de un colegio profesional y de un tribunal de ética propios no solo constituye una excepción en el mapa institucional argentino, sino que debilita la posición de la psicología como disciplina autónoma. La resolución de este escenario requiere de una decisión política que concrete el traspaso de competencias y habilite la creación de una estructura colegiada capaz de garantizar la independencia, la ética, la calidad en el ejercicio profesional y el cuidado de la salud mental de la comunidad.
*Lic. En Psicología (UBA), Presidente de FEPRA (Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina)
** Lic. En Psicología (UBA), Secretaria de Asuntos Profesionales de APBA (Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires)
