Por Manuel Ovando

A fines de febrero de 2025, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, presentó los datos preliminares del Mapa del Delito, mostrando una reducción generalizada en casi todos los tipos de delito registrados. A primera vista, parece una noticia positiva y un cambio sustancial en la materia.

Sin embargo, una lectura más atenta de esa misma información revela señales que dificultan ese diagnóstico: la violencia más grave no bajó al mismo ritmo que los números agregados, los datos de victimización no tienen correlato con la caída, y los homicidios se redujeron en los barrios populares a costa del resto de la Ciudad. La impronta oficial no parece tener el respaldo suficiente en la realidad. Entonces, ¿qué está pasando?

Menos delitos, ¿más letales?

Los datos difundidos muestran caídas significativas en los delitos contra la propiedad: una reducción del 27% de robos totales, que alcanza el 40% en el caso de robos con uso de armas y el 54% en robo de automotor, y un 21% en hurtos. Se trata de cifras que, en principio, parecen evidenciar una mejora respecto del 2024.

Dos datos, sin embargo, comienzan a matizar el panorama. Por un lado, los robos con uso de moto registran apenas una baja del 3%, sosteniendo una tendencia alcista desde 2023 que acumula todavía un incremento del 26% respecto a ese año: la modalidad de los llamados “motochorros” sigue en niveles históricamente altos. Por otro lado, los homicidios se mantienen estables en 78 hechos, igual que en 2024, y su análisis más detallado -como veremos- introduce interrogantes que la cifra agregada no permite ver. 

Se trata de resultados inusuales. La magnitud de algunas de estas caídas -con particular atención en la de 54% del robo automotor, que es el delito contra la propiedad más denunciado por los requisitos de las compañías de seguros- resulta llamativa por la abrupta ruptura de tendencias previas, que se mantenían estables o levemente bajistas. Esto genera una serie de dudas que llevan a preguntarse qué es lo que está sucediendo. 

Como mencionamos, en esta información preliminar difundida se presenta una reducción importante en los robos con uso de arma, que representa una de las modalidades de mayor violencia en que se producen los delitos contra la propiedad. Pero en simultáneo, los robos con uso de moto se mantienen llamativamente altos y sin reducciones significativas, a pesar de constituir también una modalidad particularmente violenta.

En la misma línea de esta aparente incongruencia, podemos observar un aumento del 13% en los homicidios ocurridos en ocasión de robo. Este dato es fundamental, en tanto se trata de homicidios en los que existe la posibilidad de llevar adelante tareas de prevención clásicas para evitarlos. Para poner en contexto, la gran mayoría de los homicidios suceden con motivo de una relación previa, y no encuentran motivación en otro delito; hasta 2024, este era el caso del 96% de los homicidios de CABA.

Es decir, se presenta un aumento en la violencia letal en el contexto de delitos de mayor cotidianidad como los robos, mientras que se logra reducir -al menos temporalmente- el volumen de delitos denunciados. 

También se observa una modificación en el arma o medio comisivo que protagoniza los homicidios: mientras que hay un 26% menos de homicidios con uso de armas de fuego, vemos un aumento del 17% para el caso de armas blancas o elementos cortantes. Así, la conjunción de más robos que derivan en muertes, y un crecimiento de homicidios con armas blancas en menoscabo de las armas de fuego, sugieren un razonamiento menos calculado y más violento que podría vincularse con una “pauperización” de las condiciones en que se cometen los delitos. Sin embargo, la información preliminar disponible no permite extraer conclusiones definitivas en ese sentido. 

La brecha entre el delito y la denuncia 

A partir de toda esta información, nos permitimos cuestionar si las estadísticas anunciadas reflejan lo que sucede en las calles de la Ciudad. La llamada “cifra negra” -es decir, la brecha entre los delitos ocurridos y los efectivamente registrados- existe en todo el mundo, y siempre es relevante analizarla. Pero cuando los descensos son de la magnitud presentada, se vuelve ineludible abordar este elemento en profundidad.

En este sentido, a partir de los Informes de Victimización elaborados mensualmente por la Universidad Di Tella (LICIP), podemos observar que las importantes reducciones anunciadas no encuentran correlato con lo referido por la propia población de la Ciudad.

La serie 2022-2025 -período desde el cual el GCBA discontinuó su propia Encuesta de Victimización- demuestra una tendencia relativamente estable que ubica el promedio del período en un 24,3%, con un pico en el año 2023.

En el mismo sentido, podemos observar que las leves modificaciones año a año son acompañadas por el resto del país, y no representan un fenómeno exclusivo de CABA. 

Este comportamiento entre las regiones analizadas, que muestra reducciones menores simultáneas en el período 2024-2025, refleja las tendencias estructurales que no parecen coincidir con las reducciones abruptas expresadas en los datos difundidos por el Ejecutivo porteño.

En síntesis, no hay elementos en estas encuestas de carácter mensual que permitan validar la información oficial respecto de los delitos ocurridos en el último año; por el contrario, parece no haber existido variaciones de relevancia para la población. De hecho, el informe más reciente, muestra que el 23% de los porteños sufrió un delito entre enero del 2025 y el mismo mes del 2026, el período exacto evaluado. 

En este sentido, es válido hacerse eco de los reportes informales que señalan dificultades prácticas para radicar denuncias en algunas dependencias policiales por aparentes problemas técnicos del sistema interno, o ausencia del encargado de receptar las denuncias, a pesar de la obligatoriedad de registrar toda denuncia. Este elemento no puede cuantificarse actualmente, pero es un factor que no debe descartarse en este contexto. 

Distribución territorial de los homicidios: un cambio central

Más allá de la discusión sobre los datos y la posible caída artificial existente, lo cierto es que se observa un cambio en la distribución territorial de los homicidios que merece análisis propio.

Es así que el primer dato llamativo se encuentra en el cambio radical en la distribución territorial de los homicidios dolosos. En los datos difundidos, se muestra una reducción del 42% de este tipo de hechos en los barrios populares de la Ciudad, mientras que en el resto de la Ciudad estos aumentaron un 46%.

La participación en barrios populares pasó del 52,5% al 30%, con una variación de 17 homicidios menos en estos barrios, que contrastan con el incremento de la misma cantidad (17) en el resto de la Ciudad.

En términos netos, el total de homicidios se mantiene idéntico: 78 tanto en 2024 como en 2025. Lo que cambió no es la cantidad, sino la geografía. La reducción en barrios populares es real y significativa, especialmente por el confinamiento paulatino de estos delitos que se venía produciendo en estos barrios y ahora se estaría revirtiendo. Sin embargo, el problema es que se produce a costas de un aumento equivalente en el resto de la Ciudad, lo que impide hablar de una mejora genuina en el plano de la violencia letal. Aún más: puede construir un escenario más complejo de resolver. 

Nos disponemos entonces a tratar de entender cómo se llegó a esta situación. Hace tiempo, la Ciudad comenzó a abordar con una estrategia de intervención diferenciada la situación de los barrios populares. Se establecieron unidades y divisiones especiales, por ejemplo, para las actividades preventivas en estos territorios; la mayor parte de ellas, en la órbita de la Superintendencia de Pacificación de Barrios (coloquialmente llamada “La Barrial”). Sin embargo, es necesario destacar que de su actividad se han derivado hechos de extremada desproporción en el uso de la fuerza, en una evidentemente aceptada inobservancia de los protocolos vigentes en tal sentido que han dejado incluso víctimas fatales (como sucedió en el hecho difundido en Villa 20, el 25/12/2025).

Así, podríamos analizar a modo comparativo los agentes en servicio efectivo destinados a las Superintendencias de Seguridad Comunal y los destinados a Pacificación de Barrios. La primera, cuenta con un total de 13.182 efectivos, mientras que la segunda cuenta con un total de 2.945. 

Sin embargo, al comparar esta cantidad de agentes con el territorio que abarcan, podemos ver una diferencia sustancial: mientras que aquellos ubicados en comisarías comunales y vecinales alcanzan 64 efectivos por km², los destinados a tareas de “pacificación” de barrios llegan a 923 efectivos por km².

A esto se le suma que el territorio a abarcar por parte de las comisarías no se ve acompañado por los recursos con los que cuentan: por ejemplo, estas solo reciben el 55% de los móviles, el 51% de las camionetas, el 46% de cuatriciclos y el 23% de las motos disponibles en toda la fuerza. 

Esta información es absolutamente parcial: la Policía de la Ciudad opera a través de múltiples superintendencias que articulan y se solapan entre sí, y una comparación entre ellas no equivale a un análisis integral. Con esa salvedad, sin embargo, los números permiten observar una política en términos cuantitativos muy enfocada en contener la situación de los barrios populares; claro está, los elementos cualitativos que hacen a aquellas intervenciones revisten de otras complejidades que exceden a este análisis. 

Por su parte, debemos seguir recordando que la información disponible es parcial, y no permite evaluar con precisión los barrios a los que se trasladaron los homicidios, los medios de comisión, las motivaciones evaluadas, y las características de las propias víctimas e imputados. La ausencia de esa desagregación -que el Ejecutivo local no ha hecho pública constituye un problema para el análisis que obliga a un abordaje cauteloso.