En el marco del 8M, se realizó en la sede del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires (I-Ciudad) el primer encuentro “Hablemos de Género: Diálogo con Referentes de las Políticas Urbanas en Buenos Aires”, con el objetivo de comenzar a construir colectivamente y a través del diálogo, una ciudad más igualitaria. Leer más
El primer encuentro del conversatorio “El futuro de Buenos Aires: políticas públicas para la reconstrucción pospandemia” abordó temas como la inequidad de la Ciudad, el déficit de espacios verdes y la necesidad de crear políticas públicas orientadas a terminar con la desigualdad. Leer más
En esta nota, Luis Duacastella explica cuáles son las falencias y los problemas con los que nos enfrentamos para analizar los femicidios en la CABA. La falta de datos oficiales es uno de los mayores obstáculos. Leer más
Por Dra. Silvia La Ruffa – Publicado el 11 de julio de 2019
Introducción
Cuando hablamos de género nos referimos a la construcción social que se realiza en torno a lo que se considera femenino o masculino -si lo miramos en términos binarios- o a la definición cultural de las identidades en torno a la cuestión sexual. Es un concepto que nos permite distinguir el sexo atribuido biológicamente al nacer y la percepción que cada uno tiene de ello en su vida cotidiana. Incorporar la perspectiva de género desde una mirada integral de derechos humanos implica entender que esa construcción social, durante siglos, ha sido binaria y ha priorizado lo masculino por sobre lo femenino con consecuencias prácticas directas en la vida de mujeres y niñas y también de niños y varones así como todo otro tipo de identidades de género.
Hasta no hace mucho tiempo las mujeres no podíamos asistir a la universidad, no podíamos elegir representantes ni presentarnos como candidatas políticas. Más cerca a estos días, las mujeres no accedíamos a los más altos puestos en la estructura jurisdiccional y las personas con una identidad de género diferente al sexo biológico asignado no podían llevar en su documento el nombre que coincidiera con su identidad auto percibida con todos los problemas que ello acarrea para la realización de otros derechos como estudiar, trabajar o no ser discriminado/a.
Por todo ello, cuando hablamos de género y justicia, en realidad, nos referimos a géneros y justicia y debe ser abordado desde dos perspectiva: los obstáculos existentes para el ingreso y desarrollo de las mujeres y otras identidades en la carrera judicial y la respuesta que la Justicia brinda a las mujeres y otras identidades a sus conflictos en general y en particular a los iniciados en tanto situaciones de violencia de género, es decir, aquellos conflictos que sufren por estar en una situación de subordinación con el otro u otra que ejerce esa violencia psicológica, física, económica o de cualquier tipo.
Para realizar un recorte que me permita exponer estas dos miradas en el tiempo estipulado para el panel, voy a circunscribir la presentación a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando de lado a la Justicia Nacional Ordinaria que también brinda servicios jurisdiccionales en este distrito.
Conclusiones
Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales. La información que brinda respeta el tradicional esquema binario de varones y mujeres. A efectos de visibilizar y revertir la historia conflictiva de vinculación entre la población de travestis y mujeres transexuales y el mundo de la justicia se necesitan grandes esfuerzos y abordajes integrables con el fin de que esta relación se vuelva amigable, no jerárquica, propia de un Estado de derecho y de una democracia.
Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales”.
El ingreso de las mujeres y su desarrollo profesional en el Poder Judicial de la Ciudad parece haber logrado quebrar el techo de cristal que tantas veces impedía el acceso a los tribunales superiores o las magistraturas. Sin embargo, hay que seguir monitoreando esta situación a efectos de que no se produzcan retrocesos en la materia ni que existan fueros más masculinos y otros más feminizados.
La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema, protocolos de actuación específicos y, fundamentalmente presupuesto para desarrollar políticas públicas de prevención de las violencias y asistencia integral de las víctimas que logre no solo su protección sino el
empoderamiento necesario para que salgan definitivamente del círculo de la violencia.
La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema”
Artículo publicado el 21 de agosto de 2018
En el Encuentro Buenos Aires de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, desarrollado y organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 14 de agosto, se realizó el taller: “Igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en el que participó el Instituto i-ciudad, en el marco de cooperación con el organismo.
El propósito de este taller fue mostrar la centralidad de la igualdad de género y defender un enfoque basado en derechos, establecer puntos de partida y tendencias relacionados con el género a partir de datos obtenidos. Además ofrecer orientación concreta sobre políticas en temas de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y cuidados no remunerados, así como describir el modo en que esas políticas se interrelacionan con otros objetivos, abordar la temática de las desigualdades y problemas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, social y económico.
La profesora María Elena Naddeo, Directora General del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.
Expusieron también Norma Sanchis, integrante de la Red Internacional de Género y Comercio; presidenta de la Asociación Lola Mora; Carla Majdalani, del Instituto Nacional de las Mujeres; la diputada nacional Vanesa Siley y la legisladora porteña, Andrea Conde.
Por el Instituto i-ciudad, participó Marta Albamonte, Directora de Finanzas, quien manifestó que si bien la premisa de “igual remuneración por igual trabajo” está establecida en la Constitución Nacional y en el capítulo de las Mujeres de la Ley de Contrato de trabajo, la realidad es que existe una diferencia sustancial no sólo entre los sueldos de las mujeres y de los varones, sino también en las posibilidades de acceso a puestos de trabajo.
Según la rama de actividad las diferencias se profundizan. En las áreas de servicios como comercio, las mujeres cobran un 30% menos, siendo una actividad donde hay alta ocupación de mujeres. La tasa de desocupación de las mujeres es prácticamente el doble que la de los hombres.
Por otro lado, el peso del trabajo doméstico no remunerado o el cuidado de la familia, que genera una limitante para las mujeres y requiere remover resistencias culturales e institucionales.
Los niveles de calificación y formación no resuelven la brecha salarial. Las mujeres profesionales, tienen mayor posibilidad de acceso al trabajo, sin embargo, no acceden a los mismos sueldos. Pero además de la desigualdad entre hombres y mujeres, hay diferencias entre mujeres entre sí, vinculada a la relación con el cuidado, que es diferente según los sectores sociales. En el ámbito de la Ciudad, hay comunas en el que las mujeres tienen las tasas de desocupación más altas y que coinciden con aquellas zonas que se encuentran más deprimidas en materia de infraestructura y con hogares con mayores necesidades básicas.
Otro límite para las mujeres para un mejor acceso al trabajo, es el régimen de licencias que les impone la responsabilidad de todo lo vinculado al cuidado de hijos y familiares. Entre las propuestas, una de ellas fue la revisión de las licencias para que tanto mujeres como varones tengan el derecho y la obligación de hacerse cargo del cuidado familiar.
Por otro lado, se señaló que hay que adecuar las leyes vigentes y que el Estado asuma el rol de controlar el cumplimiento de las mismas y penalizar en los casos que corresponda. Una cuestión que también manifestó fue la necesidad de establecer un cupo para las personas Trans que, en la actualidad, tienen fuertes limitantes para acceder a trabajos no precarizados.
El femicidio es un tipo penal que implica que una mujer es víctima de homicidio por el simple hecho de ser mujer. Este delito puede ocurrir en el ámbito público o privado, en contexto familiar en sentido amplio o ser perpetrado por desconocidos pero siempre ocurre con la legitimación del sistema patriarcal como telón de fondo