En esta nota, Luis Duacastella explica cuáles son las falencias y los problemas con los que nos enfrentamos para analizar los femicidios en la CABA. La falta de datos oficiales es uno de los mayores obstáculos. Leer más
En el Mes de la Mujer, reflexionamos sobre la todavía existente desigualdad de género en el mercado laboral y en cómo la pandemia del Covid 19 afectó a las mujeres en su vida diaria, recargando sobre ellas las tareas de cuidado. Leer más
Artículo publicado el 21 de agosto de 2018
En el Encuentro Buenos Aires de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, desarrollado y organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 14 de agosto, se realizó el taller: “Igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en el que participó el Instituto i-ciudad, en el marco de cooperación con el organismo.
El propósito de este taller fue mostrar la centralidad de la igualdad de género y defender un enfoque basado en derechos, establecer puntos de partida y tendencias relacionados con el género a partir de datos obtenidos. Además ofrecer orientación concreta sobre políticas en temas de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y cuidados no remunerados, así como describir el modo en que esas políticas se interrelacionan con otros objetivos, abordar la temática de las desigualdades y problemas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, social y económico.
La profesora María Elena Naddeo, Directora General del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.
Expusieron también Norma Sanchis, integrante de la Red Internacional de Género y Comercio; presidenta de la Asociación Lola Mora; Carla Majdalani, del Instituto Nacional de las Mujeres; la diputada nacional Vanesa Siley y la legisladora porteña, Andrea Conde.
Por el Instituto i-ciudad, participó Marta Albamonte, Directora de Finanzas, quien manifestó que si bien la premisa de “igual remuneración por igual trabajo” está establecida en la Constitución Nacional y en el capítulo de las Mujeres de la Ley de Contrato de trabajo, la realidad es que existe una diferencia sustancial no sólo entre los sueldos de las mujeres y de los varones, sino también en las posibilidades de acceso a puestos de trabajo.
Según la rama de actividad las diferencias se profundizan. En las áreas de servicios como comercio, las mujeres cobran un 30% menos, siendo una actividad donde hay alta ocupación de mujeres. La tasa de desocupación de las mujeres es prácticamente el doble que la de los hombres.
Por otro lado, el peso del trabajo doméstico no remunerado o el cuidado de la familia, que genera una limitante para las mujeres y requiere remover resistencias culturales e institucionales.
Los niveles de calificación y formación no resuelven la brecha salarial. Las mujeres profesionales, tienen mayor posibilidad de acceso al trabajo, sin embargo, no acceden a los mismos sueldos. Pero además de la desigualdad entre hombres y mujeres, hay diferencias entre mujeres entre sí, vinculada a la relación con el cuidado, que es diferente según los sectores sociales. En el ámbito de la Ciudad, hay comunas en el que las mujeres tienen las tasas de desocupación más altas y que coinciden con aquellas zonas que se encuentran más deprimidas en materia de infraestructura y con hogares con mayores necesidades básicas.
Otro límite para las mujeres para un mejor acceso al trabajo, es el régimen de licencias que les impone la responsabilidad de todo lo vinculado al cuidado de hijos y familiares. Entre las propuestas, una de ellas fue la revisión de las licencias para que tanto mujeres como varones tengan el derecho y la obligación de hacerse cargo del cuidado familiar.
Por otro lado, se señaló que hay que adecuar las leyes vigentes y que el Estado asuma el rol de controlar el cumplimiento de las mismas y penalizar en los casos que corresponda. Una cuestión que también manifestó fue la necesidad de establecer un cupo para las personas Trans que, en la actualidad, tienen fuertes limitantes para acceder a trabajos no precarizados.
Artículo publicado el 12 de junio de 2018
Durante la jornada sobre Géneros y Ciudades, organizada por ICiudad y el CEM también estuvo presente la discusión sobre la participación en temas de Ciencia e Innovación. La discusión de la mesa al comienzo estuvo muy atravesada por la lucha a favor de la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Luego se propuso un ejercicio para analizar propuestas para revertir las desigualdades de género que se conocen en el campo de la ciencia y la tecnología.
Algunos de los diagnósticos tuvieron que ver con la mayor participación de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología pero en los roles no de investigadores principales. En esto influyen las opciones vitales de las mujeres (en particular el embarazo) que interrumpen frente a la falta de condiciones para el cuidado de niños / niñas su carrera, el ingreso o egreso de post-grado.
Otro de los puntos salientes se centró en evitar la segregación horizontal (vinculada a la elección de disciplinas tradicionalmente “femeninas”) a través de políticas orientadas. Y la segregación vertical que obstaculiza ocupar cargos jerárquicos a las mujeres.
Pero también se analizó la necesidad de revisar la carrera de investigador/a en términos de los obstáculos que tienen que superar las mujeres investigadoras. Se sugirió revisar con criterios de género el financiamiento y los criterios de evaluación de proyectos de investigación, así como la necesidad de contar con licencias, cupos.
También se analizaron las microviolencias vinculadas a expresiones (sobre la forma de vestir, sobre la decisión de tener hijos), formas de tratar, acoso de profesores titulares a alumnas y de tutores de tesis. En este sentido, se sugirió que los protocolos diseñados al efecto para evitar este tipo de violencias genere en todas las unidades académicas un presupuesto y actividades pertinente para transparentar y modificar estas denuncias.
Por último, se propuso la necesidad de que las mujeres del mundo de la ciencia y la tecnología realicen un trabajo en las escuelas con talleres, lugares de apoyo, talleres de programación que permita a las mujeres de bajos recursos crear aplicaciones que impacten en su vida cotidiana. También se mencionó la idea de Incentivar la matrícula femenina en las STEM y de realizar propuestas para el sector privado sobre la productividad de las mujeres, en particular en el sector servicios y las pérdidas que ocasiona su falta de reconocimiento.
Participantes:
- Nadia Luna, Periodista
- Verónica Pérez, experta en Transporte, investigadora del Conicet
- Marisa Herrera, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) especializada en temas de familia, infancia y adolescencia.
- Marisa Scardino, Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Planificación Urbana y Regional en la FADU-UBA
- Carolina Spataro, Doctora en Ciencias Sociales Magister de la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
- Fernando Peirano, Economista, miembro del CEM
- Pablo Peirano, especialista en Urbanismo e Innovación del CEM
- Marcos Schiavi, Historiador, UMET
- Malena Ruffo, asistente, CEM
- Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
- Moderador: Mónica Sladogna, Coordinadora Área Trabajo y Producción del CEM
Por Laura Rocha* – Publicado el 12 de junio de 2018
“La ciudad es más insegura para las mujeres. Hay datos públicos en las encuestas de victimización. Son mayoría en arrebatos y hurtos. En delitos sexuales el número es todavía mayor”, sostuvo Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y su afirmación fue acompañada por cifras contundentes: en la Ciudad el 12,7% de las mujeres fue víctima de un delito violento contra el 1,3% de los hombres. Los guarismos se conocieron en en la mesa de Seguridad y Violencias en la jornada dedicada a los Géneros en el i-ciudad el 29 de mayo pasado.
En la Ciudad el 12,7% de las mujeres fue víctima de un delito violento contra el 1,3% de los hombres
Maffía, además, insistió en su pedido que tiene ya varios años: “Hay que derogar el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad”. La funcionaria se refiere al apartado que pena la oferta y demanda de sexo. “Es un mismo artículo que pena al mismo tiempo oferta y demanda y se puede comprobar la inutilidad de las actas. El 90% de las actas están mal confeccionadas, es decir que se confeccionan para intimidar u obtener dinero. Sólo el 2% llegó un fallo”, detalló.
Según cifras oficiales, las comunas 7 y 3 son las más afectadas y las infractoras son mujeres: 8 de cada 10, en la 7 y 6 de cada 10, en la 3. Respecto de la cantidad de detenciones, la mayor cantidad de las detenciones que figuran como de varones y mujeres, desde el 2015 del con 59% son varones y el 41%, mujeres según el Ministerio Público Fiscal. “Ahí hay una conjunción de vulnerabilidades ya que a las personas trans las detienen y las hacen figurar como varones”, agregó Maffía.
Paula Arraigada, referente del colectivo LGBTIQ, interrumpió: “El lenguaje debe ser inclusivo y respetar la identidad de género. Prostitución no es igual a travesti. El 99,9 por ciento de las compañeras ejercen el trabajo sexual porque no hay ningún ámbito que nos permita trabajar. Por eso peleamos la ley de cupo. Eso no tiene vista de la sociedad. Quieren expulsar a un colectivo que es el que yo pertenezco”.
El lenguaje debe ser inclusivo y respetar la identidad de género. Prostitución no es igual a travesti”.
Maffía agregó: “Claramente la prostitución no es un delito penal, al penalizarla en el ámbito público hace que se corra a una zona roja por qué vas a circunscribir algo. Mucho menos la portación de identidad que significa estigmatizar un cuerpo como un cuerpo disponible. Esa asignación de disponibilidad económica de los cuerpos fuerza a que estén circunscriptas en un espacio privado donde se las explota . El Estado se ha hecho socio de los proxenetas hace mucho tiempo y esto tiene explicación en la solventación de las campañas, el consumo machista de los cuerpos. Mientras tanto se creó una norma que sanciona y persigue a las mujeres y travestis que ejercen la prostitución que no es un delito”
La diputada porteña María Rosa Muiños (Bloque Peronista) sostuvo que el diseño para terminar con la desigualdad y con la inseguridad debe ser integral: “El diseño es transversal por eso había pensado en desarrollar un proyecto de presupuesto con perspectiva de géneros. Deberían poder pensarse políticas que tiendan a achicar la brecha laboral, de cuidados, de seguridad en forma transversal. Presenté un proyecto de paridad de género que no sólo se remite a los cargos públicos”.
Deberían poder pensarse políticas que tiendan a achicar la brecha laboral, de cuidados, de seguridad en forma transversal”
La legisladora, que conforma la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, agregó que el diseño urbano también es central a la hora de hablar de géneros e inseguridad. “Los bajo autopistas, los cruces ferroviarios, en algunos barrios la construcción de las mamparas de los metrobuses no permiten que las cámaras de seguridad puedan enfocar lo que está sucediendo”, agregó.
De la mesa también participó Isabel Yaconis, madre de Lucila, la adolescente violada y muerta en Núñez, al costado de las vías del tren Mitre. “Hace 15 años que no sé quién mató a mi hija y estuve luchando por que se levanten las huellas genéticas de violadores. Porque nosotros pudimos obtener el ADN del violador, pero lamentablemente no había con qué cruzarlo. En el año 2003 no existía todo este movimiento. Mi hija gritó, quiso defenderse y una persona se acercó. ‘Negro está todo bien estoy con mi novia’, ese fue el guiño para decir que estaba todo bien”, relató con visible dolor.
Marcela De Langhe, rectora del Instituto de Seguridad Pública, también participó del debate. “Yo lo que hago es formar policías. Empecé desde que se formó la Policía Metropolitana, tiene todo un capítulo de políticas de género. Es una institución obsoleta la policía en sí, entonces desde ese momento intentamos hacer un cambio institucional. Pudimos dar un paso enorme desde prever la formación”, indicó la funcionaria que contó que se está trabajando en una brigada especial para hacer los recorridos por el acoso callejero.
“Todas estas cuestiones de géneros las incluimos en todas las materias, con protocolos de actuación diferenciada y trabajamos esto a lo largo de todo el año. Lo estamos haciendo de manera sostenida”, agregó De Langhe que detalló que se trabaja con mundos paralelos, por caso los cadetes que se incorporan, pero también con agentes que provienen de otras fuerzas de seguridad que ya traen valores incorporados. Detalló que, por el momento, hay una sola superintendenta y es Liliana Rubino.
Maffía, agregó que “la política de prevención de las mujeres es no circular por esos espacios. Si no hay más tasa de inseguridad es porque las mujeres nos inhibimos de circular en el espacio público y eso también es un daño para las mujeres”.
Participantes:
- Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
- María Rosa Muiños, diputada porteña Bloque Peronista
- Paula Arraigada, referente del colectivo LGBTIQ
- Mabel Yaconis, madre de Lucila Yaconis, víctima de un crimen sexual
- Marcela De Langhe, rectora del Instituto de Seguridad Pública
- Moderador: Enrique Stola, Feminista, Médico Psiquiatra, Psicodramatista
*Laura Rocha: directora del área de Medio Ambiente de i-ciudad
Artículo publicado el 12 de junio de 2018
La problemática que implica la falta de políticas públicas que erradiquen la violencia de género también estuvo presente durante la jornada sobre Géneros, organizada por ICiudad el 29 de mayo pasado. Especialmente se habló de violencia obstétrica, del aborto clandestino e inseguro, de la violencia doméstica e invisibilización de las violencias machistas en general, ejercidas sobre mujeres, cuerpos gestantes y colectivos LGTBI. La necesidad de identificar las necesidades y las falencias del Estado y de superar las instancias discursivas. La necesidad de visibilizar y desnaturalizar las violencias y sus dimensiones, como así también las preguntas y problemáticas que constantemente se construyen y deconstruyen socialmente, fueron las principales líneas sobre las que se realizó el intercambio de la mesa de géneros y violencias.
Conceptos generales desde los que se construyó el debate:
- Las violencias son una vulneración de derechos humanos
- Se identifica una ausencia importante del Estado (Nacional, Provincial y Municipal), por acción u omisión. A la vez que existe una marcada falta de acceso a la información pública. La ausencia del Estado es también violencia.
- Se señaló la falta de formación integral, en diferentes niveles educativos, en los campos de la saludo, la educación, la educación cívica, la seguridad.
- Se identificó que los movimientos sociales, de mujeres, feministas y de colectivos LGTBI llevan adelante acciones diversas que ponen de manifestó la ausencia estatal.
A nivel contexto socio-histórico se identificaron avances en diferentes ámbitos relacionados con las violencias:
-Un clima de época y contexto histórico que permite el incremento de la conciencia social y colectiva en torno a los diferentes tipos de violencias y, sobre todo, con respecto a las formas de erradicarlas.
-Una mayor visibilización de derechos y el correlato que implica la exigencia de su respeto.
-Legislación y debates públicos de avanzada en el país, en comparación con lo que ocurre en el resto de la región. En función de esto se destacó la siguiente legislación:
- Ley 25.673/2003 – Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
- Ley 26.150 / 2006 – Ley de Educación Sexual Integral
- Ley 26.485/2009 – Ley de Protección Integral a Las Mujeres
- Ley 26.618/2010 – Matrimonio Igualitario (2010)
- Ley 26743/2012 – Ley de Identidad de género
- Ley 2 5.929 – Ley de Parto Humanizado, sancionada en 2004 y reglamentada el 1 de octubre de 2015.
- A partir del FALLO FAL (2012) con la consecuente creación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (2015)
Sin embargo, también realizamos las siguientes propuestas/problematización de avances pendientes:
-Destacar que es importante avanzar con la visibilización, desnaturalización y repudio de las violencias machistas en todos los ámbitos. A modo de ejemplo, el Observatorio Las Casildas indicó que sólo el 0.01% de la violencia obstétrica es denunciada.
-Es necesario implementar realmente la legislación a través de una articulación federal, que contemple todo el proceso de prevención, denuncia, contención y tratamiento de las violencias.
-Empezar a pensar en conformar observatorios de violencia nacionales, con perspectiva federal.
-Deconstrtuir protocolos establecidos que no respetan la legislación enumerada anteriormente (A modo de ejemplo el protocolo médico utilizado en los partos –Ver anexo con índices y datos cuantitativos-) Esta deconstrucción sólo será posible con la correcta implementación y cumplimiento de las normas vigentes y para ello la formación (no sólo mera capacitación superficial) del personal que debe garantizar los derechos conquistados (ej. romper mitos que obstaculizan el acceso al aborto no punible vigente desde 1921 -art. 86- por el Código Penal de la Nación Argentina).
-Problematizar los intereses económicos y de mercado que subyacen en la no implementación de la legislación.
-Incrementar el acceso a la información pública cuanti y cualitativa.
-Articular los campos de la salud pública, la salud privada, organismos estatales, organismos sociales.
-Deconstruir el modelo de Salud que atraviesa las distintas violencias trabajadas en la mesa. Entenderlo y deconstruirlo en tanto hegemónico y patriarcal, que se ejerce desde el poder sobre la vulnerabilidad que reproducen y refuerzan la cultura misógina. Partiendo de la base de que dicho patrón se basa en el no respeto a la autonomía del cuerpo y las decisiones de las mujeres.
-Pensar y construir con una perspectiva a futuro, con políticas públicas integradoras, federales y a largo plazo.
Anexo – Información adicional
Violencia Obstétrica
A partir de los lineamientos de la OMS y sus estándares en torno al parto humanizado, Las Casildas realizó una encuesta de alcance nacional de la que participaron alrededor de 5000 mujeres. A partir de esa encuesta identificaron, entre otros, los siguientes puntos:
-La implementación de los estándares de la OMS no supone un aumento del presupuesto de salud.
-Los agentes de salud están sub-informados
-4/10 mujeres no reciben información de calidad en torno a los partos.
-7/10 mujeres sufrieron la rotura de bolsa en forma intencional durante su proceso de parto.
-6,7/10 mujeres les fue administrada oxitocina sintética sin informarlas al respecto.
-7/10 mujeres fueron mutiladas genitalmente (episiotomía). La OMS indica que 1/10 justifica dicha mutilación.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
-Está conformada por más de 500 organizaciones con distribución nacional.
-a ausencia del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes (como la ESI, la entrega de métodos anticonceptivos o la garantía de los ANP) y, el retraso para reconocer derechos aún negados (IVE) es violencia. Donde menos recursos materiales y simbólicos hay, como son las áreas menos urbanizadas la ausencia es aún mayor y por consecuencia la vulneración de derechos.
-Identifican falta de adhesión al protocolo Nacional y restricciones en diferentes jurisdicciones. Mapa de Amnistía https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/05/01-Informe-estado-ILE.pdf
-Es precaria la implementación de Consejerías Pre y Pro aborto
Participantes:
- María Victoria Romero: integrantes de Las Casildas – Observatorio de Violencia Obstétrica
- Zuleika Esnal: Integrante del Colectivo de actrices de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Autora de “Estoy Acá”.
- Martina Ferreto: Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
- Martín Olmos: Director Ejecutivo de i-ciudad
Moderadora: Micaela Sánchez Malcolm (Responsable comunicación i-ciudad)
Por Rosa Aboy* – Publicado el 11 de junio de 2018
El espacio público, durante siglos un territorio esencialmente masculino, ha sido escenario y marco productor de gigantescas transformaciones en sus usos y actores. No obstante, no puede hablarse aún de un espacio de equidad, donde los diversos colectivos y cuerpos pueden circular, consumir y gozar, en las mismas condiciones y posibilidades en términos de seguridad, bienestar o poder.
La Mesa Géneros y Espacio Público que sesionó el martes 29 de mayo en el marco de la Jornada Géneros y Ciudades, organizada por el Instituto i-ciudad y el CEM abordó estas cuestiones en el marco de un debate plural, donde se dieron cita referentes de los movimientos por la igualdad, legisladores porteños de diferente identidad política, referentes del mundo académico, de los medios y de los organismos nacionales e internacionales, quienes en un marco de pluralidad abordaron este tema desde diversos ángulos, enfoques y campos disciplinares.
Los participantes de la Mesa Géneros y Espacio Público comenzaron definiendo o caracterizando la noción de “espacio público” en relación con los temas de género. Para Maximiliano Ferraro (legislador de la Ciudad por Vamos Juntos y actual Presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura), “el espacio público es el espacio democrático por excelencia, el lugar donde se construyen ciudadanías plenas”. Ferraro descree de la noción de “consenso” para pensar el espacio público, al cual ve como un lugar de intersecciones y de polifonías.
En un sentido similar, Rosa Aboy, coordinadora de la Mesa y Directora de Políticas Urbanas del i-ciudad, conceptualizó el espacio público “como el conjunto de los espacios verdes, recreativos, institucionales y medios de transporte de la Ciudad”. Para Aboy, el espacio público “es un escenario de conflictos, donde interactúan diversos actores, con distintos posicionamientos, en términos de agenda social y política, y de relaciones de poder”.
Para la periodista y activista de #NiUnaMenos, Agustina Paz Frontera, “la ocupación del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires por parte de las mujeres permitió, en sólo tres años, la construcción de la ciudadanía política de ese colectivo”. Para Frontera, la irrupción del movimiento de mujeres en el espacio público permitió el pasaje de un discurso defensivo, frente a las diferentes formas de violencia machista, a la construcción de una voz política. Los medios habrían acompañado la articulación de ese nuevo discurso, pasando de una cobertura casi exclusivamente centrada en los femicidios, a la criminalización del movimiento de mujeres luego del 8 de marzo de 2017, donde se verificó una avanzada represiva sobre las manifestaciones públicas de #NiUnaMenos. Esa ciudadanía política de reciente construcción no se extiende aún a otros géneros.
La ocupación del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires por parte de las mujeres permitió, en sólo tres años, la construcción de la ciudadanía política de ese colectivo”
En representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) organismo internacional con 19 países miembros, Angie Palacios dio cuenta de la necesidad y el compromiso de incorporar la mirada de género en todas las obras e iniciativas gubernamentales financiadas. En la Argentina, donde la CAF financia el Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires, la CAF aporta una mirada sobre la movilidad entendida como acceso equitativo, atendiendo a particularidades sociales, de género y de etnia. Esta mirada se orienta a lograr un cambio de paradigma en el modo en que las personas se desplazan en las ciudades. Palacios es responsable del Programa ‘’Ella se mueve segura”, que actualmente se está implementando en tres ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile. Para la especialista, “los procesos sociales como #NiUnaMenos actúan como voz colectiva, empoderando a las mujeres para producir cambios, uno de los cuales sería la menor tolerancia a los abusos en el transporte público”.
Los procesos sociales como #NiUnaMenos actúan como voz colectiva, empoderando a las mujeres para producir cambios, uno de los cuales sería la menor tolerancia a los abusos en el transporte público”
La Coordinadora de la Unidad de Género de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA), la diseñadora gráfica Griselda Flesler, contó que “hace 3 años, la Universidad de Buenos Aires elaboró un Protocolo de Género para ser implementado por todas y cada una de sus unidades académicas (facultades, colegios universitarios, institutos). En el caso de la FADU, una de sus primeras iniciativas desde la coordinación fue generar un hecho político y cultural novedoso; la creación de baños públicos sin distinción de géneros. El objetivo fue el de producir una reflexión acerca de cómo se diseña el espacio público. El caso de los baños marcó una intervención política en un ámbito académico que estuvo orientada a generar un impacto en una población de arquitectos, diseñadores, urbanistas, profesores y estudiantes de esas disciplinas, con el objeto de repensar la funcionalidad de los espacios y las prácticas cotidianas de las personas en el espacio público”.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT señaló que “para personas tradicionalmente estigmatizadas como enfermas, delincuentes y pecadoras, el uso del espacio público ha sido una de los mayores reclamos” y señaló importantes hitos y logros en ese sentido. Con la obtención de la Personería Jurídica para la CHA, que le había sido negada en 1ra y 2da instancia y que finalmente salió por decreto en 1991 y posteriormente, la consagración de derechos en la Constitución de la Ciudad en sus artículos 1º y 11º se creó un primer marco de respeto por las diferencias de género. Entre 2004 y 2005 se convocó a las instituciones para elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación, que fue publicado como decreto por Néstor Kirchner y donde se dio cabida a todas las reivindicaciones de los colectivos LGTB. Posteriormente, en 2008 se creó el Primer Programa Nacional de Identidad Sexual y se sancionaron las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, generando un marco legal que está a la vanguardia de las sociedades occidentales.
El papel del Estado fue motivo de un contrapunto interesante. Maximiliano Ferraro destacó el protagonismo social en iniciativas pro equidad, dando como ejemplo el establecimiento de la Casa Trans, en la CABA, para la cual el Ejecutivo Porteño cedió un inmueble de propiedad pública y realizó un convenio con la Asociación Civil La Fulana, quien lleva adelante la gestión del inmueble y de actividades de visibilización, educación y asesoramiento para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Para Ferraro, este ejemplo de asociación público-privada es “un interesante camino a seguir, en pos de la inclusión de los colectivos no hegemónicos”.
Sin opacar esas iniciativas de colaboración, otras participantes enfatizaron el protagonismo y sobre todo, la responsabilidad del Estado a la hora de crear reglas de juego universalmente válidas. Al respecto María Rachid criticó lo que llamó la tercerización de la política y destacó el papel de los estados como garantes de la inclusión efectiva y real en el mercado de trabajo, y en todos los beneficios de la vida democrática, para los colectivos más vulnerables, como en el caso de las personas transgénero, cuyo promedio de vida en la región es de 35 años. Para Rachid, como para Griselda Flesler, son las instituciones estatales las que tienen mayor responsabilidad a la hora de borrar las fronteras entre géneros en el espacio público, dando como ejemplo el ámbito de la práctica de deportes en la escuela o la violencia institucional y laboral, aún presentes, hacia las mujeres y el colectivo LGTB. En tal sentido, la iniciativa del Paseo de la Diversidad en la Plaza Roberto Arlt, comentado por Rachid, es un caso pequeño y a la vez, potente. “La inclusión de asesoría legal y de un mercado de artesanías producidas por personas trans en un espacio público identificado mayoritariamente con los empleados del microcentro porteño, produce una visibilización como sujetos de derecho de los y las trans y también habilita su inclusión en un mercado laboral (el de la producción y venta de artesanías) diferente del trabajo sexual al que la sociedad suele marginar a las personas transgénero”.
Finalmente, la mesa concluyó con un consenso acerca de los importantes avances logrados en términos de un acceso más equitativo al derecho a la Ciudad respecto del pasado y también, en comparación con otras jurisdicciones del país y con otros países de la región. Hubo también consenso en que quedan aún muchas reivindicaciones insatisfechas para lograr un acceso y disfrute igualitario de todas las personas en el espacio público. Subsisten aún fronteras simbólicas para la expresión de los cuerpos, sus derechos y su posibilidad de gozar de la Ciudad según la identidad de las personas en relación con el género. Esas asignaturas aún pendientes invitan a no descansar en los logros obtenidos, a seguir cruzando miradas y habilitando voces diversas. La irrupción en el espacio público permite configurar escenarios donde se construyen nuevos sujetos políticos, ya no determinados por nociones anacrónicas como “el sexo” o “la raza”, construcciones simbólicas e históricas que afortunadamente, van quedando atrás.
Subsisten aún fronteras simbólicas para la expresión de los cuerpos, sus derechos y su posibilidad de gozar de la Ciudad según la identidad de las personas en relación con el género
Participantes:
- Agustina Paz Frontera, Periodista LATFEM y redactora/ editora de elcohetealaluna. Militante #NiUnaMenos
- Angie Palacios, Especialista en Género y Transporte de la CAF (Corporación Andina de Fomento)
- Maximiliano Ferraro, Legislador de la Ciudad por la Coalición Cívica. Actualmente preside la Comisión de Educación
- María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.
- Griselda Flesler, Diseñadora Gráfica y Coordinadora de la Unidad de Género de la FADU-UBA
*Moderador: Rosa Aboy, Dra. en Historia / Arquitecta; Profesora Titular FADU; Directora CEIHVAL – IEHU; Universidad de Buenos Aires, directora del área de Políticas Urbanas del i-ciudad.
Por Marta Albamonte* – Publicado el 11 de junio de 2018
El trabajo y la remuneración son, en general, los primeros disparadores de la cuestión de género en la Argentina. Pero no son los únicos. Así quedó cristalizado en la mesa de debate de Género y Trabajo, organizada por el i-ciudad y el CEM, en el marco de la jornada de género que se celebró el 29 de mayo pasado.
Algunos puntos salientes: existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en la CABA que ronda en algunas áreas, cerca del 19 por ciento. En ese sentido, Vilma Paura, integrante del CEM y docente de la UNTreF, destacó: “La estadística de la Ciudad, nos dice que ha habido legislación que permite tener información sobre la situación de géneros. La estadística releva y permite hacer visibles la realidad y permite por lo tanto modificar esa realidad. La fotografía que proporcionan las estadísticas nos permite ver que, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una sostenida incorporación de las mujeres en la actividad, pero debemos decir que la tasa de desocupación también es más alta que la de los hombres. En cuanto a la brecha salarial es muy alta entre mujeres y hombres. En este sentido para la mujer existe un techo de cristal, pero también existe un piso pegajoso que determina la dificultad de salir de ciertas actividades. El peso del trabajo doméstico no remunerado o el cuidado de la familia, genera una limitante para las mujeres y requiere remover resistencias culturales e institucionales”.
En la Ciudad de Buenos Aires existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que ronda el 19 por ciento.
Cuando las cifras se evalúan por espacios geográficos, la expositora destacó: “Los niveles de calificación y formación no resuelven la brecha salarial. También se visualiza una desigualdad entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres entre sí, vinculada a la relación con el cuidado, que es diferente según los sectores sociales. Geográficamente, la Comuna 8 y la Comuna 4 son las que nos muestran indicadores de hacinamiento, pobreza estructural, desocupación más alta de mujeres, entre otros”.
Otro de los puntos que se abordaron durante el debate fue la desigualdad en el acceso laboral. Una mujer joven que busca trabajo y será madre en algún momento, tiene menos chances de acceder a un puesto de trabajo, que un hombre joven que aspira al mismo lugar y que en algún momento será padre. Al mismo tiempo, tanto los puestos jerárquicos en el sector privado, como los cargos más altos en el sector público, son territorio mayoritariamente masculino.
Mariano Recalde, abogado laboralista, Docente Universitario y Legislador de la Ciudad de Buenos Aires indicó: “Para entender qué aporte se puede hacer efectivamente para un mejor acceso al trabajo de las mujeres, habría que revisar la legislación existente. Por ejemplo, revisar la Ley de Contrato de trabajo vigente. El Capítulo referido al Trabajo de Mujeres, nos dice que tienen 2 horas de descanso al mediodía. De este modo pueden ir a atender al mediodía a su familia. Es un ‘beneficio’ para las mujeres y no para los hombres. Las mujeres tienen prohibido el trabajo a domicilio, los hombres no tienen esa limitación. Es otra medida que bajo la apariencia de una forma de protección, consolida el estereotipo de género. Y, todo lo referido a las licencias también genera discriminación”.
En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 9 ministros más un Jefe de Gabinete. De ellos sólo tres son mujeres, y están a cargo de ministerios del área social (Educación, Salud y Desarrollo Humano). Empeora el panorama en el Gabinete Nacional 2 mujeres son ministras. Y la disparidad se profundiza a medida que se desciende en la escala laboral. Las mujeres ocupan el 40% de los puestos de trabajo, y más del 40% de los hogares tienen a las mujeres como jefas de hogar, además de tener a su cargo en el 90% de los casos, las tareas domésticas.
Las mujeres ocupan el 40% de los puestos de trabajo, y más del 40% de los hogares tienen a las mujeres como jefas de hogar, además de tener a su cargo en el 90% de los casos, las tareas domésticas”.
El Gobierno Nacional propuso un proyecto de ley que promueve la paridad salarial entre los hombres y las mujeres, aunque sin imponer obligaciones explícitas a las empresas como tampoco sanciones ante un eventual incumplimiento. Durante el debate se evaluó que en un tono declarativo, la iniciativa establece que “en los contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el cual se fijen o estipulen salarios, se garantizará la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual trabajo“.
Como única instancia de control, el Poder Ejecutivo dispone que “los empleadores, a nivel individual o a través de las entidades representativas de su actividad”; elaboren un “código de conducta” sobre las medidas que adoptaron “para garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de la empresa”. Dicho código, reza la iniciativa, debe ser remitido al Ministerio de Trabajo “para su conocimiento”.
Recalde agregó que tal como sucedió en su momento con los cuerpos legislativos, “la Ley de cupos es necesaria hoy para que las Trans tengan mejores posibilidades laborales”.
La Ley de cupos es necesaria hoy para que las Trans tengan mejores posibilidades laborales”
Melisa D’Oro, primera docente Trans de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaria de Diversidad del AMMAR, aportó su experiencia y visión al respecto: “En relación al acceso al trabajo, la principal limitación es justamente ser Trans. Se restringen las posibilidades a casi un solo tipo de trabajo. Desde un principio son expulsadas por las familias y por las instituciones lo que determina falta de posibilidades de capacitación y acceso por lo tanto a mejores trabajos. Por eso, si bien los cupos suelen ser un placebo, es un inicio para que se puedan incorporar a trabajos que hoy son vedados”.
La docente recordó, que el promedio de vida suele ser de 35/40 años, por la dificultad de acceso a la atención a la salud, por las situaciones de violencia con las que conviven diariamente. “Definitivamente, la reforma laboral perjudica fundamentalmente a las mujeres”, agregó.
Marianela Mel, Secretaria Nacional de la Mujer y Familia del Sindicato Argentino de Televisión, aseguró que uno de los problemas y desafíos más grandes consiste en trabajar por la equidad en las licencias, porque es la primera traba a la hora de definir a quién se toma para un trabajo. “Los trabajadores que tienen un convenio laboral que los protege, no tienen diferencia salarial, pero los que no lo poseen, no tienen igualdad en el acceso. La cuestión de las licencias, al margen de la de maternidad, las que corresponden por enfermedad de los hijos o de los familiares, por ejemplo, son asignadas a las madres y no a los padres. En algunas empresas, los gastos de jardín son reconocidos para las mamás y no para los papás aun cuando éstos últimos tengan la tenencia. Nuevamente vuelve a ser una situación de inequidad de acceso al trabajo. Además, el alto costo de las guarderías privadas suele hacer que las mujeres sigan siendo recluidas a las actividades de cuidado familiar, porque los costos de enviar a los niños a un jardín o guardería privada, suele significar un porcentaje importante del sueldo de la mujer”, indicó.
CONCLUSIONES
- La inequidad fue la palabra que estuvo todo el tiempo presente. Atraviesa todos los temas, las posibilidades de trabajo, de mejores salarios, de mejores oportunidades de acceso a puestos de mayor jerarquía.
- Los condicionantes por la carga laboral que implica la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, son funcionales a esta inequidad.
- En cuanto al proyecto de ley de paridad salarial que promueve el Poder Ejecutivo Nacional, se propone tomar en consideración el trabajo realizado por trabajadoras nucleadas en las centrales sindicales, organizaciones sociales y de la economía popular que acercaron su propuesta.
- Es necesario modificar el régimen de licencias determinando que sea para la persona trabajadora sin diferenciación y en forma abarcativa.
- Por todo lo expresado anteriormente, es importante revisar los dispositivos que hoy existen y que han quedado obsoletos o inclusive perjudican, en nombre de una dudosa protección a las mujeres, como es el caso de lo comentado sobre la Ley de Contrato de Trabajo.
- Es necesario establecer la Ley de cupo para personas Trans de manera que tengan acceso a más y mejores puestos de trabajo.
- Se propone la institucionalización de guarderías estatales que estén a disposición para las personas trabajadoras de las empresas y no exclusivamente para las mujeres, eliminando otro limitante a la posibilidad laboral de la mujer.
- La igualdad de remuneración por igual tarea está establecida en la propia Constitución de la Nación Argentina y en la Ley de Contrato de trabajo. No se necesita una nueva ley, sino que se verifique y controle el cumplimiento de las normas vigentes.
Participantes:
- Melisa D’Oro, primera docente Trans de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaria de Diversidad del AMMAR
- Marianela Mel, Secretaria Nacional de la Mujer y Familia, del Sindicato Argentino de Televisión
- Vilma Paura, integrante del CEM, docente de la UNTreF
- Mariano Recalde, abogado laboralista, Docente Universitario y Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña (Vamos Juntos).
*Moderador: Marta Albamonte, licenciada en Economía, docente titular en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Buenos Aires, directora del área de Finanzas Públicas del i-ciudad.