El primer encuentro del conversatorio “El futuro de Buenos Aires: políticas públicas para la reconstrucción pospandemia” abordó temas como la inequidad de la Ciudad, el déficit de espacios verdes y la necesidad de crear políticas públicas orientadas a terminar con la desigualdad. Leer más
Artículo publicado el 21 de agosto de 2018
Desayunos i-ciudad – Cómo funciona el GPS, herramienta desarrollada por Asap y Cippec
En el marco de los desayunos organizados por el Instituto i-ciudad, el seis de agosto de 2018 recibimos en nuestra sede a representantes de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). En el encuentro, Rafael Flores por ASAP y Gonzalo Dieguez por CIPPEC, presentaron un trabajo colaborativo entre ambas instituciones: el GPS del Estado.
La herramienta brinda información sobre cómo se organiza el Sector Público Nacional, sus estructuras y funciones, los recursos humanos y financieros de cada organismo, sus autoridades, marcos normativos, planes de acción y resultados. Además, dimensiona el tamaño y la estructura del Sector Público Nacional para facilitar la rendición social de cuentas al agrupar la información pública de cada organismo, permitiendo vincular el cumplimiento de metas con sus responsables. También, observa los organismos que no se miran habitualmente como son los descentralizados y que sin embargo tienen una incidencia muy importante en el presupuesto general.
El GPS analiza qué hace, cuánto mide y cómo gasta el sector Público Nacional, incluyendo la cantidad y calidad del empleo público.
En la presentación ante el Presidente del i-ciudad, Juan Manuel Olmos, y los Directores, Martín Olmos, Silvia La Ruffa, Rosa Aboy, Laura Rocha y Marta Albamonte, relataron cómo, a partir de la mirada diferenciada que tiene cada una de las instituciones sobre el Estado, se pudo construir esta herramienta que finalmente es el corolario de un trabajo conjunto.
Rafael Flores, de ASAP, entre otros conceptos, expuso que “la idea surgió como resultado de haber verificado que, si bien había muchos datos sobre el Estado nacional en materia de gestión y administración financiera, la misma, se encontraba dispersa e inconexa, aun cuando debería ser el propio Estado quien se encargue de generar herramientas para un mejor acceso a la información”. Y agregó que “de allí surgió la necesidad de sistematizar y ordenar la información del Sector Público Nacional, vinculada a la estructura, los recursos físicos y financieros, las metas y objetivos, para abonar a la transparencia y generar elementos para la establecer un piso para la discusión pública de todo lo que se habla permanentemente en la Argentina en los últimos años. Por ejemplo: qué hacer con el empleo público o con el déficit fiscal. Para ello era necesario tener una base cierta”.
Por su parte, Gonzalo Dieguez, manifestó que “en general cuando se discuten políticas públicas es poco lo que se discute sobre los impactos que tienen las mismas. En consecuencia, la pregunta es hasta dónde trabajamos con políticas públicas basadas en evidencia. Es por eso que consideramos que eso era lo sustancial y nos propusimos generar información de gestión”.
A continuación, los especialistas, presentaron un resumen de la información compilada.
- El GPS muestra la evolución de los cambios y continuidades experimentados por el Sector Público Nacional. Bajo diferentes perspectivas – estructura organizacional del aparato estatal, empresas públicas, empleo público, alta dirección pública, género, y presupuesto – analiza el Estado a partir del cambio de gobierno producido a partir de diciembre de 2015.
- Desde el 2003, el Estado expandió sus fronteras de funcionamiento con diferentes ritmos de velocidad. El correlato de este proceso se tradujo en un crecimiento notable de la estructura del sector público a nivel nacional.
- Entre 2003 y 2015 se crearon seis nuevos ministerios, 25 organismos descentralizados, 20 nuevas universidades y 15 empresas estatales.
- Con el cambio de gobierno, en 2016 la estructura del sector público a nivel nacional continuó incrementándose de manera significativa, a partir de la creación de seis nuevos ministerios (y la disolución de uno: Planificación), elevando la cantidad total de ministerios de 18 a 23. Este gabinete presidencial de mayor tamaño se tradujo en la creación de nuevas estructuras de secretarías y subsecretarías, lo que implicó a su vez la designación de nuevos cargos ejecutivos, en especial en el caso de las direcciones nacionales, que crecieron en mayor proporción.
También hicieron referencia a las áreas de gobierno que habitualmente no se observa: los Organismos descentralizados.
- Entre 2003 y 2015 los organismos descentralizados se incrementaron un 25% pasando de 67 en 2003 a 84 en 2015. En total se crearon 25 Organismos Descentralizados y se eliminaron ocho.
- En 2016 la mayor proporción de las estructuras estatales nacionales sigue agrupándose en los organismos descentralizados y las empresas públicas.
- A fines de 2016 el 44% de los empleados de la Administración Pública Nacional (sin considerar personal de seguridad y defensa) se encontraba trabajando en Organismos Descentralizados.
- Entre 2003 y 2015 hubo un importante incremento del papel del Estado como productor directo de bienes y servicios a través de la incorporación de 13 empresas de propiedad estatal, seis de las cuales fueron creadas (aunque en varios casos asumieron funciones que correspondían a empresas disueltas en la década anterior) y siete fueron re-estatizadas
- En 2016, se observó la creación de una sola empresa pública dedicada a la gestión y provisión de servicios de radiodifusión (Contenidos Públicos S.E)
- El Sector Público Nacional cuenta actualmente con 56 empresas, 49 en funcionamiento y siete en proceso de liquidación. Aunque significativo, el peso que tiene este sector en el Estado nacional no es muy distinto al que tiene tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Los países de la OCDE contaban con 39 empresas públicas nacionales en promedio en 2012 y los países de América Latina con 42 en el año 2013.
En relación al empleo público el GPS del Estado indica que las estadísticas sobre empleo público presentan importantes limitaciones en nuestro país:
- No hay datos estadísticos oficiales consolidados para los tres niveles de gobierno, las fuentes están discontinuadas a lo largo del tiempo y tampoco existe un organismo estatal encargado de construir y publicar información fidedigna.
- Se puede inferir que 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina se desempeñan en alguna repartición estatal del orden nacional, provincial o municipal. Sin embargo, el ritmo y la intensidad del crecimiento del empleo estatal no se comporta en forma homogénea para los tres niveles de gobierno.
- En Argentina, el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional explica apenas el 21% del empleo público total, como resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años setenta y continuado luego a lo largo de los noventa.
Con respecto a la Alta Dirección Pública, en los últimos 16 años la designación de los miembros de la ADP fue discrecional.
En relación a la cuestión de género en el empleo público nacional, el GPS detecta que si bien “Argentina ha sido reconocida en la región como un país pionero en materia de impulsar equidad de género en la actividad pública. Fue el primer país en adoptar acciones afirmativas para incorporar a la mujer a cargos políticos electivos, con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991”.
Este avance en materia de equidad en el Poder Legislativo no ha tenido su correlato en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en donde el nivel de participación femenina evidencia un crecimiento más tímido y sinuoso.
Si observamos la evolución del total de designaciones realizadas a ministras desde 1983 a 2016, por período presidencial, nos encontramos con que la tendencia de incorporación creciente de mujeres a la vida pública desde el regreso de la democracia se ha visto interrumpida en tres ocasiones.
El primer retroceso se evidenció durante la primera presidencia de Carlos Menem, quien contó con un gabinete ministerial integrado exclusivamente por hombres, a diferencia de su predecesor, Raúl Alfonsín, quien designó a una mujer como ministra.
El segundo retroceso se evidenció entre las dos gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández con la designación de una ministra menos en el período 2011-2015 con respecto a su primer mandato.
Por último, la tercera interrupción de la tendencia incremental se produjo con la gestión de Cambiemos. El total de designaciones a ministros/as realizadas por Mauricio Macri en sus dos primeros años de gestión, el 11% de sus designaciones han sido mujeres. Este escenario supone una caída con respecto a los gabinetes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien designó a un 16% de mujeres durante su segundo mandato.
Conclusiones
Como conclusión de la presentación realizada en el i-ciudad, surge que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires falta una herramienta de estas características, dado que brinda elementos para el análisis de las políticas públicas, el abordaje de las necesidades que ellas van a satisfacer, con qué recursos cuentan y cómo mejorar la mejor asignación de los mismos.
Si bien el diseño del GPS tiene como objeto de estudio el Estado nacional, es un dispositivo útil para desarrollar, adaptar y utilizar en los Estados sub nacionales.
La posibilidad de que una organización como el Instituto i-ciudad, que tiene como objetivo central el análisis de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con el apoyo de las instituciones que gestaron el GPS del Estado, elaboren un instrumento que permita sistematizar y analizar la información diseminada en las distintas áreas de gobierno, deviene en indispensable.
De esta manera se podrá tener acceso a la información por parte de los habitantes de la Ciudad, en cuanto a la dimensión y estructura del sector público, así como en poder identificar la distribución de los recursos físicos y monetarios y generar información en relación con el desenvolvimiento de los organismos gubernamentales, el nivel de cumplimiento de las metas físicas de los servicios que brinda el Estado porteño a sus habitantes en cada una de sus áreas de gobierno.
Artículo publicado el 21 de agosto de 2018
El Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires firmó un convenio marco de colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con el objetivo de trabajar en forma conjunta en el seguimiento de las políticas públicas desarrolladas en el ámbito porteño y en el análisis que se desarrolle sobre la percepción, por parte de los vecinos, de las problemáticas más relevantes.
A partir de este acuerdo, como fruto del trabajado mancomunado, y debido a la enorme cantidad de datos en torno a los ejes de problemáticas y políticas públicas que atraviesan la Ciudad, ambas instituciones se comprometen a poder desarrollar herramientas de big data que faciliten el abordaje de los mismos.
Una de las herramientas que desarrolló el instituto es el Mapa del Delito donde se analizan los homicidios, delitos transferidos, contravenciones, robos y hurtos por comuna de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el mapa permite una comparación con ciudades del mundo en materia de seguridad.
Por otro lado, el i-ciudad generó un Tablero de Ejecución Presupuestaria en el que se analiza el presupuesto de la Ciudad, la inversión destinada a cada área y su evolución durante la última década.
En un futuro se prevé continuar en la implementación de herramientas que permitan analizar la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires para poder generar en conjunto políticas públicas que respondan a las necesidades de los vecinos y vecinas.
Por Laura Rocha* – Publicado el 12 de junio de 2018
“La ciudad es más insegura para las mujeres. Hay datos públicos en las encuestas de victimización. Son mayoría en arrebatos y hurtos. En delitos sexuales el número es todavía mayor”, sostuvo Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y su afirmación fue acompañada por cifras contundentes: en la Ciudad el 12,7% de las mujeres fue víctima de un delito violento contra el 1,3% de los hombres. Los guarismos se conocieron en en la mesa de Seguridad y Violencias en la jornada dedicada a los Géneros en el i-ciudad el 29 de mayo pasado.
En la Ciudad el 12,7% de las mujeres fue víctima de un delito violento contra el 1,3% de los hombres
Maffía, además, insistió en su pedido que tiene ya varios años: “Hay que derogar el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad”. La funcionaria se refiere al apartado que pena la oferta y demanda de sexo. “Es un mismo artículo que pena al mismo tiempo oferta y demanda y se puede comprobar la inutilidad de las actas. El 90% de las actas están mal confeccionadas, es decir que se confeccionan para intimidar u obtener dinero. Sólo el 2% llegó un fallo”, detalló.
Según cifras oficiales, las comunas 7 y 3 son las más afectadas y las infractoras son mujeres: 8 de cada 10, en la 7 y 6 de cada 10, en la 3. Respecto de la cantidad de detenciones, la mayor cantidad de las detenciones que figuran como de varones y mujeres, desde el 2015 del con 59% son varones y el 41%, mujeres según el Ministerio Público Fiscal. “Ahí hay una conjunción de vulnerabilidades ya que a las personas trans las detienen y las hacen figurar como varones”, agregó Maffía.
Paula Arraigada, referente del colectivo LGBTIQ, interrumpió: “El lenguaje debe ser inclusivo y respetar la identidad de género. Prostitución no es igual a travesti. El 99,9 por ciento de las compañeras ejercen el trabajo sexual porque no hay ningún ámbito que nos permita trabajar. Por eso peleamos la ley de cupo. Eso no tiene vista de la sociedad. Quieren expulsar a un colectivo que es el que yo pertenezco”.
El lenguaje debe ser inclusivo y respetar la identidad de género. Prostitución no es igual a travesti”.
Maffía agregó: “Claramente la prostitución no es un delito penal, al penalizarla en el ámbito público hace que se corra a una zona roja por qué vas a circunscribir algo. Mucho menos la portación de identidad que significa estigmatizar un cuerpo como un cuerpo disponible. Esa asignación de disponibilidad económica de los cuerpos fuerza a que estén circunscriptas en un espacio privado donde se las explota . El Estado se ha hecho socio de los proxenetas hace mucho tiempo y esto tiene explicación en la solventación de las campañas, el consumo machista de los cuerpos. Mientras tanto se creó una norma que sanciona y persigue a las mujeres y travestis que ejercen la prostitución que no es un delito”
La diputada porteña María Rosa Muiños (Bloque Peronista) sostuvo que el diseño para terminar con la desigualdad y con la inseguridad debe ser integral: “El diseño es transversal por eso había pensado en desarrollar un proyecto de presupuesto con perspectiva de géneros. Deberían poder pensarse políticas que tiendan a achicar la brecha laboral, de cuidados, de seguridad en forma transversal. Presenté un proyecto de paridad de género que no sólo se remite a los cargos públicos”.
Deberían poder pensarse políticas que tiendan a achicar la brecha laboral, de cuidados, de seguridad en forma transversal”
La legisladora, que conforma la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, agregó que el diseño urbano también es central a la hora de hablar de géneros e inseguridad. “Los bajo autopistas, los cruces ferroviarios, en algunos barrios la construcción de las mamparas de los metrobuses no permiten que las cámaras de seguridad puedan enfocar lo que está sucediendo”, agregó.
De la mesa también participó Isabel Yaconis, madre de Lucila, la adolescente violada y muerta en Núñez, al costado de las vías del tren Mitre. “Hace 15 años que no sé quién mató a mi hija y estuve luchando por que se levanten las huellas genéticas de violadores. Porque nosotros pudimos obtener el ADN del violador, pero lamentablemente no había con qué cruzarlo. En el año 2003 no existía todo este movimiento. Mi hija gritó, quiso defenderse y una persona se acercó. ‘Negro está todo bien estoy con mi novia’, ese fue el guiño para decir que estaba todo bien”, relató con visible dolor.
Marcela De Langhe, rectora del Instituto de Seguridad Pública, también participó del debate. “Yo lo que hago es formar policías. Empecé desde que se formó la Policía Metropolitana, tiene todo un capítulo de políticas de género. Es una institución obsoleta la policía en sí, entonces desde ese momento intentamos hacer un cambio institucional. Pudimos dar un paso enorme desde prever la formación”, indicó la funcionaria que contó que se está trabajando en una brigada especial para hacer los recorridos por el acoso callejero.
“Todas estas cuestiones de géneros las incluimos en todas las materias, con protocolos de actuación diferenciada y trabajamos esto a lo largo de todo el año. Lo estamos haciendo de manera sostenida”, agregó De Langhe que detalló que se trabaja con mundos paralelos, por caso los cadetes que se incorporan, pero también con agentes que provienen de otras fuerzas de seguridad que ya traen valores incorporados. Detalló que, por el momento, hay una sola superintendenta y es Liliana Rubino.
Maffía, agregó que “la política de prevención de las mujeres es no circular por esos espacios. Si no hay más tasa de inseguridad es porque las mujeres nos inhibimos de circular en el espacio público y eso también es un daño para las mujeres”.
Participantes:
- Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
- María Rosa Muiños, diputada porteña Bloque Peronista
- Paula Arraigada, referente del colectivo LGBTIQ
- Mabel Yaconis, madre de Lucila Yaconis, víctima de un crimen sexual
- Marcela De Langhe, rectora del Instituto de Seguridad Pública
- Moderador: Enrique Stola, Feminista, Médico Psiquiatra, Psicodramatista
*Laura Rocha: directora del área de Medio Ambiente de i-ciudad
Por Dra. Silvia La Ruffa – Publicado el 6 de abril de 2018
De acuerdo a la Ley del Sistema Integral de Seguridad (Ley N° 5.688) se espera que el mapa del delito constituya una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a las actividades delictivas que se desarrollan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo el mapa del delito anunciado con bombos y platillos por Horacio Rodríguez Larreta es una mera herramienta de marketing que poca utilidad tiene para la planificación en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana.
Esta aplicación debe servir para avanzar en la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas, contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad.
Difícilmente se puedan alcanzar estos objetivos con la información que suministra el mapa del delito. En primer lugar, no está actualizado. Las últimas cifras son de junio de 2017. El delito muta de modalidad, de intensidad y de zonas y el análisis debe ser casi en simultáneo con la variación de estos patrones. Nos preguntamos: ¿los modelos de despliegue territorial con base matemática y de investigación operativa que el Gobierno de la Ciudad contrató a una empresa en enero por $18 millones se aplicarán en base a información desactualizada?
En segundo lugar, muestra solo tres tipos de delito: homicidio, robos y hurtos. De acuerdo al Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), la inseguridad ciudadana “es un fenómeno complejo que incluye diferentes amenazas: aunque el análisis de las tasas de robos y homicidios ofrece un panorama útil, aún resulta insuficiente” (IDH-AL 2013-2014: 75). Algunos otros expertos podrán decir que es un buen recorte ya que la prioridad de la política criminal debe estar en la reducción de los homicidios y que los robos y hurtos constituyen los delitos que más se comenten en América Latina y los que las personas identifican como la principal amenaza de su seguridad. Sin embargo, como la herramienta no facilita la comparación entre comunas o barrios ni entre distintos meses, la inclusión de otros indicadores dotaría de mayor utilidad a esta aplicación.
Nada dice tampoco sobre los perfiles de las víctimas ni de los responsables de esos delitos en los casos que se conozcan. El citado Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD indica que “para entender las amenazas a la seguridad ciudadana, es necesario analizar el contexto en el que surgen y se desarrollan, el perfil de las víctimas y de los victimarios, la manera cómo interactúan y sus impactos en la ciudadanía” (op. Cit.: 75).
Además cuando se analizan las cifras desagregadas, la información puede no ser consistente ya que si en una comuna ocurrieron 3 homicidios en un mes, no aclara si todos o solo algunos se cometieron con armas de fuego o si todos o solo algunas sucedieron en la vía pública.
Ahora bien, ya que hablamos de homicidios, cuatro comunas muestran una tasa mayor a 10 homicidios por 100.000 habitantes. El PNUD señala que es recomendable priorizar la reducción de homicidios en zonas con esos indicadores. ¿Cuáles son las políticas públicas formuladas para lograr este objetivo, esto es, qué acciones se están llevando adelante para disminuir las muertes violentas en la zona sur de la Ciudad?
Si al gobierno de la Ciudad le preocupan los robos y hurtos que se cometen en este territorio, ¿qué medidas se están implementado para contener la expansión de los mercados ilegales?, ¿se realizan intervenciones especiales en las zonas donde se concentran mayor número de estos delitos o el mapa es solo una publicidad de gobierno?
Nos preguntamos: ¿los modelos de despliegue territorial con base matemática y de investigación operativa que el Gobierno de la Ciudad contrató a una empresa en enero por $18 millones se aplicarán en base a información desactualizada?
En los primeros 6 meses de 2017 ocurrieron entre 9 y 14 homicidios dolosos por mes en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el patrón geográfico no fue homogéneo. Por un lado, solo dos comunas (1 y 7) muestran el triste récord de haber padecido homicidios en su territorio en cada uno de estos meses. En ellas ocurrieron más de la mitad de los asesinatos (34 de 66 hechos). Si bien en el primer trimestre de 2017, la Comuna 7 lideró el ranking de los homicidios, en el segundo, se concentraron en la Comuna 1. Por el otro, son 4 las comunas (2, 12, 13 y 14) que no registraron muertes violentas en ninguno de los meses analizados.
Señor Jefe de Gobierno: ¿cuáles son las estrategias para abordar tan disímil patrón criminal? ¿La afectación de recursos públicos de seguridad se efectúa sobre la base de esta información o son los jefes policiales los que de acuerdo a sus intereses sectoriales definen la utilización de estos recursos?