Estacionar en la Ciudad: misión imposible

– Por Juan Pablo Pilatti* – 

El estacionamiento es un problema de larga data que los vecinos de la ciudad conocen a la perfección. Conseguir un espacio para dejar el auto, ya sea en un barrio residencial o en el centro es una odisea cotidiana, atento que la CABA concentra el 10,1% del total del parque automotor del país con 1.486.062 vehículos[1]. Sumado a ello se calcula que por día ingresan 1,3 millones de vehículos provenientes de  los municipios de la región metropolitana (AMBA), más próximos a la ciudad.

De acuerdo a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, existen 1.200.000 plazas disponibles en garajes privados y estacionamientos comerciales, más los espacios en las calles que alcanzan los 334.000. Estos datos dejan en evidencia un claro déficit.

Por ello, en el año 2000 se aprobó mediante la Ley 469, la construcción de una serie de 13 estacionamientos subterráneos debajo de plazas y parques para mitigar el problema, pero una falta de interés por parte de las empresas como consecuencia de las condiciones impuestas en las licitaciones, sumado a la poca proactividad del gobierno –que nunca reglamentó la Ley- hicieron que los avances fueran nulos.

Ya en el año 2009 se sancionó la Ley 3057, creando el Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV) que preveía la construcción y concesión de 33 nuevas playas que se sumarían a las 13 planeadas por la Ley 469. Esta nueva legislación contemplaba no solo la construcción debajo de plazas y parques sino también en diferentes intersecciones claves de la ciudad. Además y como adición novedosa, el 70% de la capacidad total de las playas debía ser otorgada a  personas físicas que acreditasen residencia efectiva dentro de un radio de 400 metros del estacionamiento, quedando el treinta por ciento (30%) restante para ser ser explotado en alquiler mensual, diario u horario directamente por el concesionario a otros usuarios. En este caso y a diferencia de lo ocurrido con la Ley 469, la Ley 3057 fue reglamentada.

CABA concentra el 10,1% del total del parque automotor del país con 1.486.062 vehículos

Supletoriamente, se sancionó la Ley 3058 que contemplaba la creación del Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio que debían operar en función de una tarifa para el usuario que incentivase su utilización, esto es,  se pretendía que los usuarios dejaran su vehículo en dichas playas para continuar su viaje a las zonas céntricas mediante transporte público. Así, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía implementar un mecanismo conforme al cual, la tarifa del estacionamiento se vinculase con la adquisición del pasaje de transporte público que en cada caso ofreciese la mejor alternativa de conexión entre dicho punto y el centro de la Ciudad. Esta Ley autorizaba al GCBA a construir y concesionar 14 nuevas playas, dando un total entre las 3 leyes de 60 estacionamientos subterráneos, que con un promedio de 400 plazas cada una, aportarían alrededor de 25.000, aliviando parcialmente la problemática en cuestión. Teniendo esto último en cuenta, las Leyes 3057 y 3058 facultaban al Poder Ejecutivo para que incremente en hasta un 30% la cantidad de playas de estacionamiento contempladas en las mencionadas Leyes.[2]

Lamentablemente y al igual que lo ocurrido con la Ley 469, las condiciones establecidas en las leyes de 2009 tampoco sedujeron a las empresas y  las 5 playas contempladas en la ley del año 2000 que fueron licitadas durante 2010 -3 en la comuna 13, una en la 2 y una en la 7- fueron declaradas desiertas. Por tal motivo a fines de 2011 fue sancionada la Ley 4112 que ampliaba de 20 a 30 los años de concesión y explotación para así hacer más atractiva la propuesta para los inversores privados. Esta estrategia tampoco dio resultados positivos.

Por su parte, algunos grupos de vecinos, cercanos a las playas proyectadas, se han manifestado activamente en contra de la construcción de los mencionados estacionamientos. Entre los más activos, si bien no los únicos, puede mencionarse a  los vecinos del Parque Las Heras, que ocupa el predio de la antigua penitenciaría, en la Comuna 14. El conflicto comenzó en 2010, a poco de iniciar las obras de vallado, cuando un grupo de vecinos presentó un amparo y la obra se detuvo. En 2014, un fallo de primera instancia dio la razón a los amparistas al entender que la obra ponía en riesgo la supervivencia de 133 árboles y el patrimonio arqueológico de la anterior Penitenciaría Nacional. En 2015, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, decidieron “hacer lugar a los recursos deducidos por el GCBA y Vialco SA” contra el fallo de primera instancia y, en consecuencia, “revocar la sentencia dictada y rechazar la presente acción de amparo, en cuanto solicitó la suspensión de la obra”.[3]

La Ley 3057/2009 creó el Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), el cual establecía que el 70% de la capacidad total de las playas debía ser otorgada a  personas físicas que acreditasen residencia efectiva dentro de un radio de 400 metros del estacionamiento.

Vemos entonces que por el lado de la planificación, las leyes sancionadas son novedosas por sus características y apuntan a reducir el déficit de plazas de estacionamiento. Sin embargo,  por el lado de la efectiva ejecución, se evidencia una falta de impronta importante por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que de las más de 60 playas proyectadas, solo 1 (playa Emilio Mitre ubicada en la Comuna 2) ha sido construida hasta el momento.

De este análisis se desprende la subsistencia de un problema complejo y que aún requiere de  soluciones para los serios problemas de falta de estacionamiento de la Ciudad, de una manera que resulte sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y patrimonial, y que a su vez, encuentre los instrumentos legales y las empresas capaces de llevar a cabo las obras, teniendo en cuenta las necesidades, las prioridades y el estilo de vida de los ciudadanos.

* Licenciado en Ciencia Política (FSOC – UBA), Profesor Adjunto de Microeconomía (FCE – UBA), Especialista en Economía Política (FLACSO).

Fuentes consultadas

[1] Datos de abril de 2017. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

[2] Mediante el Decreto reglamentario 227/12 de la Ley 3057 fueron agregadas dos playas nuevas ubicadas en Concepción Arenal y Martínez la primera y en Chutro y Zavaleta la segunda.

[3] La Nación, “Parque Las Heras: la Justicia habilitó la construcción de cocheras bajo tierra”, 17 de octubre de 2015.