Artículo publicado el 14 de septiembre de 2018

En pocos días el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se abocará a la presentación y discusión del próximo Presupuesto para el año 2019. La elaboración del mismo deberá contemplar las variables macroeconómicas que establezca el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional adaptadas a la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las particularidades que tendrá que considerar, se encuentra un escenario económico con importantes niveles de inestabilidad:

• Lejos quedaron las previsiones sobre las variables macroeconómicas elaboradas para la presentación del presupuesto 2018.
• La estimación inflacionaria prevista y corregida durante este ejercicio fiscal, sigue rompiendo su techo mes a mes. Las proyecciones más optimistas cierran un año 2018 en valores que no bajan del 42% acumulado, lejos del anuncio hecho en diciembre de 2017 por el Ministro Dujovne.: “La meta de inflación para 2018 es de 15%, en 2020 será de 5%”.
• En estos días el Gobierno Nacional ha estado barajando una pauta inflacionaria para el cálculo del presupuesto 2019 del orden del 23%. Mientras tanto, la variación de precios de este año acumulará alrededor del 42%.
• El dólar que se estimaba en $20 para fin de año, estará más cerca y quizás por encima de los $40.
• La expansión interanual del PIB(Producto Interno Bruto) se esperaba que fuera de un 3,5%, sin embargo, el freno al crecimiento que se visualiza a partir de mayo, ha dado por tierra con esa meta y lo más probable es que lo que se verifique al final de este ejercicio sea una caída del PIB del 3%.

A su vez, para el proyecto de ley de presupuesto nacional se estima que no habrá crecimiento de la actividad económica. Esto sitúa a la economía argentina a las puertas de lo que técnicamente se denomina fase recesiva del ciclo económico.

Oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. Esto significa disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, con el consecuente aumento de la desocupación.

La caída del salario real registra un 6% para el trabajo registrado lo que determina en la práctica una licuación de los acuerdos paritarios. Graves errores en los pronósticos o impericia. Cualquiera de las dos opciones lleva a que malos diagnósticos puedan generar malas soluciones. Recesión e inflación resulta en empobrecimiento de la población, con la consecuente profundización de una mayor demanda social.

La experiencia indica que, en momentos de alta inflación con recesión, aun cuando haya una mirada altamente crítica hacia “la política” por parte de una gran porción de la población (escraches, piquetes, “que se vayan todos”), lo que en definitiva termina sucediendo es que se demande Más Estado. Más servicios, más presencia del Estado en sus diversas formas.

El conjunto de estas situaciones, mayor inflación, menos actividad económica con desempleo y, por lo tanto, mayor demanda social, le da al Estado Porteño menor margen de acción para cumplir cualquier intención de reducir y ajustar el gasto público.

A ello hay que sumar que una de las herramientas del Estado Nacional para bajar su déficit fiscal es trasladar a la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad del financiamiento de la tarifa social de aguas y servicios cloacales prestados por AYSA, los subsidios al transporte público de pasajeros y a la tarifa social de las compañías de suministro de servicios eléctricos.

Otras acciones que pretende llevar adelante el Estado Nacional son la reducción de los fondos que traspasa a los Estados Sub Nacionales, la suspensión o baja de obras públicas y la disminución del financiamiento de servicios sociales. Este panorama trae como consecuencia que las finanzas públicas locales se vean resentidas tanto desde el lado de los recursos como desde el lado del gasto.

Por el lado de los recursos, las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires podrían resultar afectadas por la caída de la actividad económica. Esto es así debido a que su principal ingreso es el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que es un impuesto de tipo regresivo pero que crece o decrece al ritmo de la economía local. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos representa el 54% de los recursos corrientes. Otro 23% de los ingresos porteños proviene de la Coparticipación Federal de Impuestos que viene de Nación, pero que se compone mayoritariamente de impuestos vinculados a la actividad económica.

De lo antedicho se deduce que, una caída de la actividad económica, afectará de alguna manera y en alguna medida que es difícil predecir, al 76% de los recursos de la Ciudad. En este sentido ya en los últimos tres meses se ha verificado una morigeración en la evolución interanual de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Públicos.

Cuando se firmó el acuerdo para la baja del Impuesto sobre los Ingresos Públicos, se esperaba un crecimiento del 3% y hoy frente a variaciones negativas, se está planteando la suspensión de este acuerdo.

A este panorama hay que agregar el crecimiento del endeudamiento en moneda extranjera de los últimos años que asciende a 1.800 millones de dólares aproximadamente, con vencimientos y obligaciones de pago de servicios para el año 2019 que estarán en el orden de los 376 millones de dólares, más deuda en pesos por un monto aproximado de 11.000 millones de pesos entre capital e intereses.

A su vez, en un contexto recesivo, con desempleo creciente, el gasto público tiene escaso o nulo margen de reducción. Por un lado, por la estructura presupuestaria desde el punto de vista de la finalidad y función, fundamentalmente todo aquello vinculado a los Servicios sociales. Por otro lado, la rigidez que tiene por objeto del gasto, sobre todo en aquello vinculado a los recursos humanos.

En este contexto se espera entonces que el Ejecutivo porteño envíe para el debate en la Legislatura un presupuesto que deberá contemplar en forma realista la situación económica y las necesidades sociales.