El Instituto Ciudad de Políticas Públicas para Buenos Aires elaboró, en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo, el informe “Datos Legislativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, un análisis cuantitativo de los proyectos de ley presentados en la Legislatura desde 2005 a 2017.

La institución creada en 1996 (anteriormente funcionaba con Concejo Deliberante) y cuenta con 60 legisladorxs y posee un funcionamiento y una dinámica que merece atención para conocer qué tipos de leyes se aprueban, cuáles se archivan y de qué manera se debe analizar el “éxito legislativo”. El objetivo general de este trabajo es, precisamente, conocer la trayectoria de proyectos de ley de acuerdo al tema, al tiempo que se debate en las comisiones, entre otros aspectos relevantes.

“Se trata de una primera experiencia de trabajo muy positiva en conjunto con la Defensoría. Nos motivó la preocupación por abordar temáticas que preocupan a los vecinos”, aseguró Marta Albamonte, directora de i-Ciudad.

“Estoy convencida de que se trata de un aporte importante para entender mejor el funcionamiento de la Legislatura porteña y para lograr una mejor calidad institucional”, agregó.

“El trabajo de la Legislatura porteña no se limita a la sanción de leyes. La Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los sistemas más transparentes de designación de funcionarios. Por ejemplo, es el único en todo el país donde no interviene el Ejecutivo en la  designación de cargos judiciales -asegura Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires-. El Poder Legislativo en el ámbito de la Ciudad es tan relevante que merece ser analizado en profundidad”.

Dolores Gandulfo, Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría, coincidió en que “cruzar los datos de la Legislatura con los que se analizan en la Defensoría y en el i-Ciudad, permite ver si se trabaja en concordancia con al agenda social”.

En la presentación del informe, que se realizó a través de Zoom, participaron también la legisladora María Rosa Muiños y la subsecretaria de Programación del Ministerio de Seguridad Silvia La Ruffa, quien aseguró: “Al ver los datos de esta investigación, sorprende que el espíritu sistémico de la Legislatura es tan presidencialista como en la Nación. Especialmente teniendo en cuenta que sólo los últimos cuatro años hubo mayoría propia que le garantizara el quórum. En ese sentido, como actores políticos deberíamos seguir revisando cómo fortalecer la capacidad de poder legislativo”.

“También se puede ver que hay áreas más privilegiadas y otras que presentan más resistencias”, concluyó, por su parte, Rosa Aboy, directora del área de Políticas ubanas de i-ciudad.

Lejos de ser una tarea completa y concluida, este informe -de carácter cuantitativo- abre la puerta a nuevas posibilidades de profundización.

Algunas de las principales conclusiones son:

• Los proyectos con la mayor diferencia entre aprobación y “archivado” han sido los que han ingresado en primera instancia en la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Los proyectos con más rechazo de esta comisión han estado vinculados al “estatuto docente”.
• La mayoría de los proyectos han sido presentados por los legisladores y las legisladoras, algo que es lógico. Sin embargo, vale la pena destacar que en los últimos años ha habido un descenso en el coeficiente de éxito de todos los que presentan proyectos de ley, salvo los propuestos por el Jefe de Gobierno. En el caso del Poder Ejecutivo, su coeficiente de éxito ha ido en aumento.
• Finalmente, hemos visto que existe una relación entre la cantidad de tiempo que los proyectos están en las comisiones y su aprobación: cuanto más tiempo transcurra en las comisiones, es más probable que sea archivado.
• Al haber una nueva gestión, la mayoría de proyectos de la anterior que siguen en comisiones no son aprobados.