Los vehículos abandonados que se remueven en la Ciudad son muy pocos, lo que potencia la problemática para estacionar en la vía pública. Leer más
El COVID19 ha vaciado los espacios públicos. ¿Qué tipo de construcción física y simbólica tendrán estos lugares una vez que la epidemia haya pasado? Leer más
Desayunos en iciudad
Por Micaela Sánchez Malcolm – Publicada el 11 de octubre de 2018
El desafío sigue siendo pensar como una unidad territorial, social, económica y cultural a la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que constituyen el Área (o Región) Metropolitana de Buenos Aires. Hacerlo con una mirada compleja, amplia y responsable fue el objetivo del encuentro “Miradas sobre el territorio, la cuestión social y las políticas públicas”, llevado a cabo por el Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires (i-ciudad) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), en el que participaron autoridades, legisladores, especialistas e investigadores universitarios.
“La coordinación conjunta entre la CABA y el Área Metropolitana nunca se logró, aun cuando existen muchos organismos abocados a ella”, inició el debate Juan Manuel Olmos, presidente de i-ciudad. “Este no es un problema asociado únicamente a los partidos políticos y a la coordinación de política pública. Y es por eso que resulta fundamental tener un ámbito para apostar a mejores ideas o mayores confusiones, ya que son muchos los planos a considerar para lograr la integración. Tenemos que plantear una agenda común con asuntos pendientes y estrategias compartidas”, agregó Olmos.
Un concepto clave a la hora de empezar a entender la complejidad de la problemática es el de ciudadanía metropolitana. Según Eduardo Ricciuti, subsecretario Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas de la CABA, se trata de “un marco y concepto desde el cual se llevan adelante proyectos académicos y políticos para crear conciencia sobre el hecho de que no desarrollamos nuestras actividades cotidianas en un mismo lugar: los ciudadanos son cada vez más metropolitanos que porteños o bonaerenses exclusivamente”. En la misma línea Juan Manuel González Morales, director del Programa de Estrategias Metropolitanas del GCABA, indicó que para generar un sentido de pertenencia metropolitana es importante desarrollar múltiples estrategias. El Programa a su cargo propone tres tipos de iniciativas: hacer foco en los jóvenes, con quienes trabajan a través de un observatorio metropolitano, desarrollar estrategias para la articulación interjurisdiccional y finalmente, desarrolla estrategias de sensibilización, a través de foros participativos”.
Más de 3 millones de personas ingresan todos los días a la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar sus actividades laborales, académicas y cotidianas. En ese marco, la complejidad del tratamiento de “lo Metropolitano” debe incluir aspectos laborales, educativos, sociales, habitacionales, de salud e identitarios, entre otros.
Identidades compartidas y propias: la necesidad de una mirada integral
“Las identidades porteñas y/o barriales por un lado y las bonaerenses por el otro están muy definidas y se demarcan claramente en todos los estudios que fuimos desarrollando”, indicó Matías Barrotaveña, director del CEM. Al respecto agregó: “Sobre estas bases nos interesa aportar una mirada desde lo social y lo laboral, siempre pensando en una ciudad inteligente con justicia social, integración y cohesión, en la que las tecnologías se pongan a disposición de estrategias integrales de alimentación, educación y transporte”.
En la misma línea, Rosa Aboy, directora del área de Políticas Urbanas de i-ciudad, señaló la necesidad de una agenda que aborde la unidad territorial y que piense necesariamente “la Av. General Paz y otros sitios que funcionan como fronteras simbólicas y que tienen que reconfigurarse como sitios de integración cultural y social”. Esto, sin desconocer las desigualdades que atraviesan el área Metropolitana entre las que la Arq. Aboy identificó “el déficit habitacional, el deterioro en términos de equipamiento urbano, las asimetrías en términos de espacio público, infraestructuras de servicios y de movilidades que repercute de manera diferencial en los diferentes municipios del área metropolitana y comunas de la CABA”. En sintonía, la investigadora Eugenia Jaime, de la Universidad Nacional de General Sarmiento agregó que “la General Paz es sólo un límite cartográfico que se basa en un modelo de 1880. Debiéramos considerar a la Ciudad como un constructor relacional que pasa por el área metropolitana y más allá, llega a Zárate y a Campana”, por lo que los derechos y los instrumentos creados para hacerlos cumplir deben ser contemplados como colectivos.
El desarrollo de la actividad laboral fue otro de los principales temas analizados en el encuentro. Las investigaciones presentadas señalaron que los trabajadores provenientes del conurbano ocupan el 51% de los puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Eso resquebraja los discursos de que los bonaerenses vienen a ‘usar hospitales y escuelas’: pagan impuestos, multas, consumen. Son personas que aportan al PBI de la Ciudad”, planteó Barrotaveña. En contraposición sólo el 5% de los porteños trabajan en el conurbano. Además, el Director del CEM advirtió nuevos niveles de desigualdad ya que la caída del salario real, el incremento del trabajo precario y/o no registrado y la destrucción de empleos también atraviesan el conurbano, lo que nos obliga necesariamente a “pensar la coyuntura sin desconocer que en el conurbano el desempleo supera los 12 puntos, mientras que en la ciudad ronda el 5,6%”.
Desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, el profesor Rodolfo Macera y la investigadora Daniela Szajnberg hicieron aportes similares. Hoy por hoy naturalizamos condiciones de pobreza que no se pudieron revertir. Existen 85000 puestos de trabajo industriales perdidos. Tenemos que empezar a construir un mapa donde la mayor parte de la población esté incluida en la lógica de la sustentabilidad económica”, profundizó Macera.
Daniela Szajnberg, por su lado, teorizó sobre la causas de las desigualdades manifestadas a lo largo del debate: “el factor común que impide una gestión mancomunada es la falta de un diagnostico concreto. Aunque exista un continuum físico entre la CABA y el conurbano existe una limitación que es claramente jurisdiccional” ya que la CABA “tiene mucha más fuerza como distrito, capta recursos y causa problemas al resto de la región: son territorios balcanizados”.
En términos de transporte, la falta de conectividad tiene una doble afectación. Por un lado la Ciudad plantea un modelo concéntrico que permite el traslado desde y hacia la CABA, pero fundamentalmente hacia las zonas céntricas. Por el otro, la conectividad entre municipios bonaerenses es escasa e ineficiente, lo que dificulta y reduce los desplazamientos efectivos en transporte público.
Propuestas para una mirada integral de lo metropolitano
Marcos Schiavi (Coordinador Académico CEM): “El momentum metropolitano se abrirá y nos permitirá empezar a trabajar aspectos macro sin dejar de mirar lo micro. En un contexto de elecciones tan próximo sería fundamental abrir la convocatoria a mesas de debate a candidatos provinciales, nacionales y de la CABA”.
Gustavo Badia, profesor investigador Universidad Nacional de San Martín: “El desafío es desarrollar una economía de escala metropolitana, sin desconocer que las lógicas de construcción política territorial siguen siendo internas. En función de eso último tenemos que dejar en claro que la escala metropolitana trae ventajas para la ciudadanía en general y para los políticos en particular: es necesario construir alianzas para identificar claramente a quiénes les interesa realmente la construcción metropolitana”.
Nicolas Tereschuk (CEM): “Los círculos políticos tienen que ocupar el centro del debate, pensando qué pasa en términos de poder e influencia de políticos bonaerenses y políticos porteños”.
Gabriel Lanfranchi (CEM): “No se trata de pensar lo metropolitano sobre la base de que algún involucrado perderá recursos. Eso es una falacia: ya existen recursos que son mal administrados, fondos nacionales destinados a la metrópoli, a lo que se suman aportes de la CABA, Provincia de Buenos Aires y municipios. Definir cómo se organiza eso más inteligentemente es parte del debate qué hay que dar, sin dejar de pensar que desde lo urbano y lo social tienen que construirse puentes porque las comunas y los municipios muchas veces no se miran”.
Daniela Szajnberg (FADU-UBA): “Debería existir un organismo que por encima de las jurisdicciones locales pueda establecer políticas públicas. Lo metropolitano es una cuestión de Estado y como tal requiere paciencia y preocupación reales para una construcción a largo plazo”.
El Subsecretario Ricciuti retomó lo planteado por Szajnberg señalando la importancia de pensar en un Modelo de Gestión metropolitano que atraviese coyunturas políticas y que sea sustentable en el largo plazo, en tal sentido señaló la necesidad de trabajar en esa construcción desde diversos lugares, generando consensos desde la gestión pública en los diferentes niveles jurisdiccionales, la academia y la participación amplia de los actores sociales.
Dra. Arq. Rosa Aboy – Publicado el 3 de julio de 2018
Según el Censo de 2010, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con 1.423.973 viviendas. Si consideramos que la población total censada en la ciudad era de algo menos de 3 millones de habitantes, la proporción que surge es la de una vivienda cada dos habitantes. Sin embargo, los promedios, como bien sabe cualquier investigador, pueden inducir a error, pues su aparente equilibrio oculta una gran diversidad que va desde la existencia de viviendas vacías, o subocupadas, a otras en condiciones de hacinamiento o en las cuales el grado de deterioro impide la práctica de las funciones básicas de habitar.
Una de las distorsiones es introducida por la gran cantidad de unidades de vivienda vacías, que sus dueños poseen como activos para inversión, sin función habitacional alguna. Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la propuesta presentada al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al titular del IVC, Luis Maquieyra, por la Mesa de alquileres, creada tras la sanción de la Ley 5.859, que eximió a los inquilinos del pago de la comisión a las inmobiliarias.
De la reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de junio, participaron representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria, la Defensoría del Pueblo y también algunas ONG’s e Inquilinos Agrupados. Los representantes de la Mesa solicitaron “estudiar la situación actual de las viviendas ociosas para delinear programas con el objetivo de incorporarlas al mercado inmobiliario”, basados en la escasa oferta de alquileres en el mercado y el alto precio de los mismos por la escasez de la oferta.
El socialista Roy Cortina había presentado, meses atrás en la Legislatura Porteña, un proyecto en el mismo sentido. La posibilidad de incentivar el ingreso de estas unidades al mercado había aparecido también, el año pasado, en oportunidad de la discusión sobre la reforma de la ley de alquileres. El tema es relevante puesto que, según un informe especial de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicado en septiembre de 2015, el 40% de los porteños es inquilino u ocupante de sus viviendas.
El trabajo de la Defensoría, que aborda la problemática del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva que incorpora tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa, arrojó cifras interesantes. Gracias al trabajo realizado, puede saberse que el 5% del total de las viviendas presenta condiciones habitacionales deficitarias y que el 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur. En contraposición con el déficit, se estima que más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas, se encuentran vacías. Finalmente, el trabajo estimaba en alrededor del 17% la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que se desprende que aproximadamente 480.000 personas habrían sufrido, en 2015, problemas de vivienda. La mayor parte del déficit, así como el mayor porcentaje de hacinamiento, corresponden a la zona sur de la CABA.
El 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur.
A la luz de estas cifras y porcentajes, la iniciativa de promover el alquiler de los inmuebles deshabitados, a través de políticas públicas, resulta interesante y podría inyectar algunas unidades en el mercado, aunque resulta insuficiente para mejorar sustantivamente la oferta de unidades para alquiler. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que en muchos casos, la demanda insatisfecha de alquileres corresponde a los sectores medios y medio bajos de la sociedad, mientras que la mayor parte de los inmuebles ociosos son de gama media o media alta, pues son los sectores sociales más favorecidos quienes pueden tener sus departamentos vacíos como resguardo de capital. Es decir que las unidades que puedan inyectarse al mercado no necesariamente serán aquellos cuya renta puedan afrontar las familias con mayor demanda insatisfecha.
En segundo lugar, y en relación con la primera razón expuesta, está el tema de la localización de los inmuebles ociosos. Al ser una reserva de capital y potencial fuente de liquidez, a través de la venta por sus propietarios, estas viviendas suelen localizarse en los barrios del norte de la ciudad. Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta y Puerto Madero son los barrios con mayor cantidad de viviendas ociosas y con valores más altos por metro cuadrado. Por esta razón, el ingreso de estas unidades en el mercado no soluciona una demanda que parece extendida en los diferentes barrios y comunas porteñas, con especial intensidad en la zona sur.
Las leyes e iniciativas de políticas públicas orientadas a ampliar y democratizar el mercado de alquileres, que abastece de vivienda al 40% de los porteños, son herramientas necesarias. En ese espíritu se orienta la iniciativa de gravar los inmuebles ociosos. Para complementar esas iniciativas y ampliar el mercado de alquileres sería necesario elaborar no solo una, sino un conjunto de políticas específicas que teniendo en el centro a la política de alquileres, debería configurar un verdadero sistema con varias caras o aristas de las políticas urbanas: habitacional, de desarrollo económico y como política de patrimonio urbano.
Algunos barrios del centro de la Ciudad de Buenos Aires, como Montserrat, San Nicolás o San Cristóbal, entre otros, cumplen con tres parámetros urbanísticos que los vuelven potencialmente atractivos para dar vivienda en alquiler a una población de jóvenes estudiantes, profesionales o empleados de las clases medias. Estos barrios tienen una excelente conectividad a través de la infraestructura de transportes (metrobus, subterráneos, bicisendas, colectivos y cercanía a estaciones de tren), además tienen una buena infraestructura de consumos culturales, gastronómicos y de entretenimiento (están cerca de cines, salas de espectáculos, cafés, centros culturales, casas de estudio, etc.) y finalmente, cuentan con una gran cantidad de edificios de departamentos de muy buen proyecto y excelente calidad constructiva, pero en condiciones de mantenimiento deficiente.
La ciudad podría implementar, en zonas específicas, políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios, otorgando créditos a los propietarios para la puesta en valor de los edificios. Esto ampliaría el mercado de alquileres hacia zonas donde los valores son más accesibles que los de los barrios del norte de la ciudad.
La ciudad podría implementar políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la economía urbana, habría un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, puesto que la infraestructura de transportes y el equipamiento comercial y gastronómico, en estos barrios, está subutilizada durante los fines de semana y en horas no laborables. En tercer lugar, una masa crítica de habitantes de clase media permitiría comenzar a revertir la tendencia a la gentrificación del centro de la ciudad, fomentando la función residencial en el área central, que ha sufrido un desplazamiento de la vivienda desde hace décadas.
Finalmente, la revitalización del centro y el inicio de un proceso público-privado de puesta en valor de la excelente arquitectura de casas de renta que puebla sus calles, materializaría una alianza virtuosa y necesaria entre políticas de vivienda, desarrollo económico y patrimonio urbano. Los problemas de déficit habitacional son complejos y multideterminados en sus causas y por eso, el desafío es el de construir soluciones creativas que, empleando diferentes herramientas, apunten a la convergencia en la solución del problema de la escasez de oferta de alquileres y paralelamente, redunden en un beneficio económico, cultural y ambiental para la ciudad y todos sus habitantes.
Por Claudio Hernán Pandolfi – Publicada el 11 de mayo de 2018
Introducción
El plan maestro para la Comuna 8, incluye lo que el gobierno ha llamado “el distrito del deporte”. El mismo establece una zona de “promoción de las actividades de la producción e industria deportiva”, creado en diciembre de 2014 por ley 5235, la cual otorga beneficios fiscales “para aquellas empresas de servicios orientados al deporte como así constructores y desarrolladores”.
No resulta casual la ausencia del factor humano como integrante del proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la comuna y con motivo de realizarse la presentación de la mencionada ley -en el mirador de la torre del Parque de la Ciudad- Carlos Pirovano, el responsable del Centro de Atención al Inversor (CAI) que depende de la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, destacó que: “todos aquellos que decidan mudarse a la Comuna 8 para desarrollar su actividad, no pagaran ABL ni Ingresos Brutos durante los primeros 20 años, tampoco impuesto al sello en la compra, venta o alquiler de inmuebles”.
Estas decisiones son bien recibidas por los mercados afines a la venta de artículos deportivos, dado que además de lo descripto “el Banco Ciudad otorgará créditos con tasa diferencial”.
Las nuevas inversiones inmobiliarias pueden maquillar la decadencia de una comuna olvidada durante años, pero no resuelven de modo alguno los problemas que la mantienen en un escalón de desigualdad respecto del resto de la Ciudad. Seguir esta lógica, significaría que la comuna continúe atada a la suerte de la construcción de complejos edilicio-habitacionales, sin resolver los problemas de las personas que en él habitan, dejando de lado la elaboración y puesta en práctica de políticas orientadas hacia los sectores más vulnerables.
Antecedentes Históricos: El fracaso de la “Comuna Deportiva”
La cesión de terrenos a entidades deportivas realizada durante la década del 70 siguió la misma lógica: Club Italiano (de destacado prestigio en el corazón del barrio de Caballito); Argentinos Juniors de la Paternal; y posteriormente, el Club deportivo Delfo Cabrera (PFA), entre otros. Estas se erigen como entidades que actúan en forma autónoma con sus asociados y de ninguna manera se encuentran ligadas históricamente con el barrio, su historia y su gente. La integración urbana es nula y más aún, han generado consecuencias graves con el paso del tiempo que demostraron la mala praxis estatal en que se incurre cuando la dinámica económica que impone el mercado, consolida a través del tiempo problemas dominiales y fiscales en la utilización de esa tierra.
Quizás por eso, la ciudad deportiva del Club San Lorenzo de Almagro en esa área tuvo su nacimiento, apogeo -construcción del estadio oficial en el año 1993- pero sin embargo, hoy se encuentra en la lucha de sus socios y la fase de culminación de ese proceso es volver al barrio de sus orígenes: Boedo.
Otra realidad la muestran los únicos reductos para la competición del deporte más importante para los argentinos como es el futbol, ya que sólo existen dos espacios accesibles: La Liga del Club Pintitas y La famosa Liga de Flores. Ambos proyectos deportivos siguen la lógica del mercado en cuanto al costo de inscripción y de participación que resulta elevado para la clase media que vive en sus alrededores, convirtiéndose en una utopía para los habitantes de los barrios más vulnerables. Por su parte no existe plan para los clubes de barrio, tal es el caso del Club Atlético Lugano teniendo su estadio oficial en Tapiales, fuera de la comuna y la ciudad, lejos de la sede social, la cual se encuentra en el casco histórico del barrio adyacente a la estación de tren.
De esta forma se consolida la expresión más pura del sistema económico que finalmente culminó en los 90 y que fue bien denominada “lógica de extracción”art en el sentido que Sasskia Sassen[1] desarrolla en su teoría respecto a la transformación fundamental del capital que se ha producido desde los años 80 y 90 como resultado de la desregulación y privatización de la economía global. La autora señala este proceso como un cambio de la valoración de las personas como consumidores a la extracción de valor a través de una proliferación de instrumentos complejos. De esta forma, el uso del suelo se convierte en un valor de cambio para ser destinado a un conjunto seleccionado de individuos que poco o nada tienen que ver con la comuna.
Mientras tanto, en barrios contiguos a dichos emprendimientos los reclamos por la adecuación de servicios continúan, como por ejemplo la situación del Barrio Ramón Carrillo[2], el cual tiene un recurso de amparo judicial contra el Gobierno local en etapa de ejecución de sentencia ante el incumplimiento sistemático a lo largo de más de una década.
Hasta este momento, la realidad contrasta con lo propuesto por el constituyente respecto del objetivo de reducir las desigualdades dentro del territorio de la ciudad.
Realizar el llamado “desarrollo local” con modelos como el del estadio de tenis “Mary Terán de Weiss” (actualmente en proceso de remodelación) y en el pasado, la concesión del campo de golf lindero al centro
comercial Parque Brown (comúnmente llamado “Jumbo”) no sirve.
Estos proyectos vienen a ser compartimentos estancos para uso exclusivo de las clases acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires para que puedan ver un deporte en ocasión de torneos internacionales, algún tipo de espectáculo con industria de entretenimiento o para que jueguen golf en determinadas situaciones, ya que cuenta con una cancha de 18 hoyos para una escasa densidad humana en el uso deportivo. No debemos pasar por alto la contradicción latente entre los litros de agua diariamente destinados a mantener el verde césped cuidado del “Green”[3] y por el otro lado, sólo cruzando la Avenida Cruz en la villa 20, ver a la gran cantidad de familias[4] que no disponen la regularidad y formalidad[5] respecto a un servicio tan esencial como es el agua potable. Las consecuencias para la vida cotidiana de sus habitantes son de fuerte impacto.[6]
Lo mismo ocurre con el hogar de la Copa Davis en Argentina (actualmente en proceso de remodelación a fin de colocar un techo al estadio), dado que la mayoría de los habitantes de la comuna lo miraban por TV, ahora con la nueva política comercial de las compañías de cable todo es previo pago, pero a no preocuparse, ya que seguramente sea una suma menor al precio de las entradas al partido, el cual se ubicó entre los 100 y 243 dólares por partido jugado. Entonces cabe preguntarse: ¿Cuántos de los casi 200.000 habitantes de la comuna utilizan esos espacios concesionados donde el uso del suelo se encuentra sujeto a las condiciones y valores que establece el mercado?. Estos ejemplos muestran que la planificación en el sur de Buenos Aires responde a un enfoque económico y si se quiere geográfico, pero no urbano.
El Icono comunal no es de acceso público: La torre del Parque de la Ciudad
Quienes pasamos los 30 años de vida, solemos recordar la que supo ser la torre más alta de Sudamérica como un símbolo de la “modernidad” con un tinte futurista que la década del 80 nos regaló por ese entonces. Actualmente su ingreso se encuentra tarifado, al igual que el planetario. La ciudad autosuficiente con registro civil, comercios y hasta un banco, que representaba el complejo habitacional Gral. Savio- , hoy y luego de los años 90, algunos seguimos soñando con mantener esos iconos comunales para que los habitantes sepan cómo llegó ahí, ¿Que significó que una torre fabricada en Austria haya sido colocada en ese lugar, en el año 1979? que todos sepan que desde su mirador se pueden observar las costas de Uruguay.
Próximamente la torre pasará a ser parte del logo de los juegos olímpicos para la juventud, una estructura remodelada para la venta y se estima la construcción de aproximadamente 1500 viviendas, que luego serán vendidas, pero de ese total solamente el 10% será destinado en prioridad a los habitantes de la comuna en cuestión.[7] En definitiva, parte de la escenografía del proyecto inmobiliario que quitó espacios verdes a la comuna que se caracterizaba justamente por tener la mayor cantidad de espacios verdes: ¿Qué otra cosa que homogeneizar, resultan todas estas intervenciones por parte del ejecutivo comunal? ¿Por qué no poner en primer lugar la Constitución de CABA y respetar aunque sea en parte su articulado?.
La celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud el próximo año que implica una inversión multimillonaria, resulta incongruente con la realidad, por ejemplo respecto de las carencias de servicios básicos como la salud. Tal es el caso del CESAC Nº3, las deficiencias del mismo han derivado en una sentencia judicial, que ordenó la provisión de una ambulancia las 24 hs. y equipamiento para el único centro de atención primaria que funciona en Lugano 1 y 2, donde en el mes de noviembre y diciembre, por falta de atención médica han fallecido en la puerta misma del centro asistencial, a la vista de vecinos y personal policial, Martín Firma Paz y Eduardo Galeano.
La segregación en el uso y la producción del espacio y la segmentación tal como se viene realizando, tendrán consecuencias graves: la falta de la participación de los vecinos en el diseño de esta política urbana guiada por el capital financiero aumentarán las desigualdades que existen actualmente. Los contrastes serán cada vez más acentuados.
[1] Saskia Sassen (La Haya, Países Bajos, 1949) creadora del concepto “Ciudad Global” es profesora de la Columbia University de Nueva York, Socióloga y Escritora. En 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. en sus numerosas obras deja en claro su teoría de que lo global y lo nacional no son conceptos excluyentes y que, como consecuencia de la globalización, territorio, autoridad y derechos no siempre coinciden con los espacios nacionales y menos aún con los intereses comunales.
[2] En el año 2005, los vecinos no tuvieron más remedio que iniciar un amparo judicial ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad a fin de que se cumpla la ley 1333. La mencionada ley había declarado la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo y Lacarra (Carrillo II) ordenando al GCABA la adecuación de los servicios públicos y la realización de un informe toxicológico y ambiental. Tras 5 años de incumplimiento judicial, en 2010 el juez interviniente hizo lugar al amparo y luego en 2013 la Cámara CAyT confirmó dicho pronunciamiento en favor de los vecinos. Al día de la fecha y habiendo transcurrido más de 12 años de incumplimiento por parte del ejecutivo porteño, el amparo se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en trámite ante el Juzgado N º11 CAyT a cargo de la Dra. Paola Cabezas Cescato.
[3] Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, funguicidas, herbicidas, y pesticidas, hasta tal punto que en EEUU, patria del golf, el 25% de los plaguicidas se usan, no para la agricultura, sino para campos de golf, jardines y parques.( Riechmann, 2003). Todos estos agro tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan a la cuenca matanza riachuelo, con las implicancias y el estado actual de la causa Mendoza en la cual interviene el Estado Nacional, El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ACUMAR.
[4] Los últimos datos censales disponibles registran que en la Ciudad de Buenos Aires al año 2010, residían en villas 53.856 hogares en 38.983 viviendas, la población total ascendía a 182.215 personas. En términos de distribución de la población, el 13,3% de la población (24.268 habitantes) en villas de CABA corresponde a Villa 20, un 8,7% (15.836 habitantes). Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informes_Defensoria-CABA-24-10-VF.pdf
[5] “Esto implica que el 78% de hogares de la Ciudad que no tienen descarga adecuada para la limpieza del inodoro y más de la mitad de los que no tienen cloacas se encuentran en asentamientos, villas o NHT. El 40% de los que tienen por lo menos un déficit de servicios residen en algún asentamiento de tipo precario. También están localizados en estos territorios más del 60% de los hogares en viviendas irrecuperables por su materialidad y más de un tercio de los que viven en situación de hacinamiento crítico.” Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/05/ir_2015_856.pdf
[6] “Los vecinos se levantan a la madrugada para cargar los tanques, cuando hay más presión. También juntan agua en tachos, baldes y palanganas, generando las condiciones ideales para el dengue. En el barrio ya se confirmaron 80 casos: Marcos se contagió un mes atrás.”.Fuente: Diario La Nación, 24 de Marzo de 2016 https://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable.
[7] ”Este conjunto de mejoras sirve para satisfacer las demandas de un nuevo tipo de vecinos con mayor nivel adquisitivo e influencia política, pero que no encuentran espacios residenciales en el resto de los distritos de una ciudad donde el precio de la vivienda crece incesantemente”, así lo explican Daniel Sorando y Álvaro Ardua en el libro “First we take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades”. Ed. Catarata, Madrid. 2016.
Por Dra. Arq. Rosa Aboy* – Publicado el 8 de mayo de 2018
La sanción de un Nuevo Código Urbanístico, impulsada por el gobierno porteño, propone un nuevo marco normativo para la Ciudad. El Proyecto, presentado ante la Comisión de Planeamiento de la Legislatura el 23 de marzo, promueve una ciudad con alturas más parejas, más compacta y con más habitantes. Se propone un cambio en el modelo de ciudad, que desalienta, salvo en localizaciones específicas, la construcción de torres.
A diferencia del Código de Planeamiento Urbano vigente, no usa fórmulas matemáticas para calcular la constructibilidad de las parcelas, sino que establece alturas máximas, distinguiendo distritos de baja, media y alta densidad. Las mayores alturas estarán sobre las avenidas, donde los corredores altos tendrán 38 metros, es decir, planta baja y 11 pisos. En los distritos de media densidad la altura será 16 metros, equivalentes a planta baja y 4 pisos, y en los de densidad baja se podrá construir planta baja y hasta 2 pisos altos. Los edificios en torre se reservan para áreas específicas, sobre el Riachuelo.
Debido al impacto que un cambio normativo tendrá en la forma física de la ciudad y en la vida cotidiana de los ciudadanos, queremos destacar aciertos y críticas al proyecto que tratará la Legislatura. Entre los primeros, la iniciativa de prefigurar una ciudad de alturas más parejas, sin medianeras a la vista, y que a la vez mantenga la diversidad barrial, característica de Buenos Aires, es uno de los aciertos. En igual sentido, la idea de concentrar las mayores densidades sobre las avenidas y consolidar la planta baja con diversos usos, redunda en la generación de tejido urbano y social. Se fortalece así, el carácter peatonal de Buenos Aires, que a diferencia de otras urbes latinoamericanas, pensadas para el automóvil, es una ciudad de veredas habitadas, con una vida urbana dinámica. El proyecto apunta a consolidar una ciudad caminable y segura para los vecinos, que suprime las altas torres rodeadas de rejas.
La iniciativa de prefigurar una ciudad de alturas más parejas, sin medianeras a la vista, y que a la vez mantenga la diversidad barrial, característica de Buenos Aires, es uno de los aciertos
Del lado de las críticas, tres cuestiones nos parece que ameritan mayor discusión. En primer lugar, todo cambio de reglas en el mercado de la tierra urbana y los volúmenes edificables determinará que algunos resulten beneficiados y otros, desfavorecidos. Mientras que algunos terrenos y áreas resultarán valorizados, otros verán reducidas sus expectativas. El Estado puede, a través de instrumentos jurídicos como la captación de plusvalía y la transferencia de capacidad constructiva remanente, equilibrar potenciales desbalances, en beneficio de una ciudad más equitativa y plural. En tal sentido, sería necesario y oportuno que el nuevo Código Urbanístico se acompañe de leyes en esa dirección.
En segundo lugar, la Ciudad de Buenos Aires muestra una extraordinaria estabilidad demográfica. El Censo de 1947 arrojaba una población de 2.981.043 habitantes. El Censo 2010 registró 2.890.151. La población se ha mantenido constante a lo largo de siete décadas. Por otra parte, en la actualidad cerca del 25% de los inmuebles está deshabitado. No se entiende, entonces, sobre qué proyecciones sociales, demográficas y económicas, se imagina una ciudad más densa, que aumentaría en millones el número de residentes.
Sería necesario y oportuno que el nuevo Código Urbanístico se acompañe de leyes que aborden la captación de plusvalía y la transferencia de capacidad constructiva remanente para equilibrar potenciales desbalances en beneficio de una ciudad más equitativa y plural
En tercer lugar y conectado con lo anterior, la ciudad recibe diariamente el doble de sus habitantes, que viene a trabajar, estudiar y desarrollar actividades o consumir servicios, desde los 40 municipios metropolitanos. Para abastecer un incremento significativo de residentes, las infraestructuras de servicios públicos y la dotación de espacios verdes deberían ser drásticamente reformulados. ¿Dónde y cómo se localizarían esos espacios verdes y públicos en la ciudad? ¿Para cuántos habitantes imaginamos la ciudad? Una mirada metropolitana sobre la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el espacio público y la sostenibilidad es imprescindible, frente al planteo de promover desde el Estado la densificación porteña. Finalmente, si Buenos Aires planea duplicar su población, ¿qué estrategias empleará para continuar siendo pluriclasista y no expulsar a los sectores postergados?
El desafío del cambio normativo es el de mantener y potenciar, en el mediano plazo, el carácter identitario que la ciudad construyó a lo largo de su historia: la reunión de sofisticación y espíritu igualitario, abierto a todos quienes quieran habitarla. En ese sentido, sería conveniente incorporar un porcentaje de vivienda social en los grandes proyectos de desarrollo, al modo de algunas ciudades europeas, como recurso integrador para evitar la segregación social.
La Dra. Arq. Rosa Aboy es Directora de Políticas Urbanas del Instituto i-ciudad y profesora Investigadora titular de la FADU – UBA
Nuestra ciudad incorporó dicho medio de transporte a su entramado a principios del siglo pasado, lo que auguraba un futuro brillante para el sistema de transporte público y el sueño de una ciudad bien planificada y ordenada comenzaba a tomar forma. Veamos que deparó el futuro finalmente.
Las terrazas verdes son vitales para la purificación del aire en la ciudad, la mitigación del efecto isla de calor y la producción de oxígeno.
Por Juan Pablo Pilatti* – Publicado el 14 de septiembre de 2017
El caos vehicular de nuestra ciudad es tal que llegar al centro desde barrios ubicados en el oeste –o viceversa- puede tomar, en horario pico, cerca de una hora. En ese sentido, uno de los máximos ordenadores y optimizadores de tiempo de traslado deberían ser los semáforos.
A través de las llamadas ondas verdes, un mantenimiento óptimo de las señales luminosas que evite la salida de servicio de los mismas y sistemas de control con tecnología moderna, el tránsito de la ciudad debería funcionar de manera más ordenada, fluida y segura, pero lo cierto es que cualquiera que transita la ciudad puede notar que estas condiciones no se cumplen. Veamos porqué.
En 2010 de los 3660 cruces con semáforo que existían, solo el 25% de los mismos podían ser reprogramados desde una central de tránsito y para el resto debía dirigirse un operario hasta el lugar. Sumado a ello, atento que no se disponía de información respecto de la salida de servicio de la mayoría de los mismos, para repararlos, la ciudad dependía del aviso de los vecinos. Otro serio problema venía dado por la constante reposición de lámparas como consecuencia de la corta duración de la vida útil de las lámparas incandescentes y halógenas que frecuentemente se utilizaban[1].
Asimismo cuando se presentan lluvias fuertes o tormentas la cantidad de semáforos que dejan de funcionar se triplica y todos sabemos que cada vez que un semáforo sale de servicio, la zona en cuestión se transforma en un hervidero de autos, colectivos, bicicletas y peatones, cada uno tratando de imponerse sobre los demás, situación que incrementa significativamente las probabilidades de accidentes.
Por tales motivos y a fin de modernizar el sistema de señalización lumínica, el Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación en 2011 llamada “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa” mediante la cual se dividía en 9 zonas a la ciudad y en el plazo de 5 años, las empresas contratadas debían proveer un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones en la vía pública, de mantenimiento de los comandos y las computadoras de los mismos y por otro lado se debía modernizar todo el sistema a fin de que los semáforos pudiesen ser reprogramados de manera remota para optimizar las ondas verdes, lograr detectar automáticamente cuando un semáforo dejaba de funcionar y también cambiar la tecnología de los mismos, por ejemplo reemplazando las lámparas incandescentes por lámparas LED dado que estas requieren menor mantenimiento, tienen una vida útil cuatro veces mayor a las primeras y también un consumo menor de electricidad.
A través de las llamadas ondas verdes, un mantenimiento óptimo de las señales luminosas que evite la salida de servicio de los mismas y sistemas de control con tecnología moderna, el tránsito de la ciudad debería funcionar de manera más ordenada, fluida y segura
La adjudicación del Plan mencionado fue otorgada a un grupo de empresas[2] por un monto total de $ 476.849.837,5 lo que representó un 5,07% del presupuesto anual (2011) del Ministerio de Desarrollo Urbano. A modo de contraste, por ejemplo, el gasto en subterráneos representó para ese mismo año un 10,78% del presupuesto del Ministerio. Vemos entonces que significó una fuerte inversión por parte del gobierno de la ciudad.
Avances, dudas y controversias
Hacia fines de 2014 según el gobierno de la Ciudad se había logrado aumentar el número de semáforos monitoreados de aquel 25% de 2011 a un 72%, lo que permitió implementar un sistema de extensión de la onda verde en las avenidas principales de la ciudad en horarios pico; y la falla por día de semáforos pasó de 40 a 10[3].
Por otra parte, la modificación del Código de Transito de 2013 estableció que se debían reemplazar todas las luces de los semáforos por tecnología LED en un plazo de 3 años[4] a partir de sancionada la ley. Es aquí donde aparecen las dudas dado que en el pliego de condiciones técnicas para el mantenimiento del Plan SL15/2010 se estableció que las empresas concesionarias debían cambiar por lámparas incandescentes –y no LED- aquellas que se quemasen en su zona de concesión. Además cabe recordar que existe una ley nacional sancionada en 2009 -26.473- que prohibió a partir del 31 de diciembre de 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes.
Sumado a ello, el actual Jefe de gobierno manifestó en marzo de 2015 que se habían cambiado todas las lámparas incandescentes por las LED[5], afirmación que choca con los datos que figuran en la página del gobierno de la ciudad y que a su vez posee datos en diferentes secciones que se contradicen entre sí. En efecto, en noviembre de 2014 el GCBA colgó en su página web una noticia[6] que destaca que para esa fecha el 87% de los cruces de la ciudad contaba con ópticas LED pero a su vez en Buenos Aires Data, que es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de datos públicos y transparencia figura un relevamiento realizado en mayo de 2015 que revela que sólo el 55% de los semáforos eran LED[7].
Vemos por lo tanto una serie de incongruencias y faltas de avance por lo menos en lo que al cambio de tecnologías de las lámparas se refiere, situación que no debería presentarse si se tiene en cuenta el alto monto que se invirtió en el plan quinquenal de renovación tecnológica.
Negociados, denuncias y datos reservados
Teniendo en mente las dudas que se plantearon precedentemente, es que pretendimos indagar más profundamente en los resultados del Plan SL15/2010 y detectamos que en 2015 el entonces Subsecretario de Transporte de la ciudad y actual Ministro nacional Guillermo Dietrich encargó mediante contratación directa –incumpliendo con la Ley de Compras y Contrataciones de la ciudad- a la empresa McKinsey Argentina S.R.L. un servicio de consultoría[8] a fin de evaluar los resultados del Plan SL15/2010 y elaborar un anteproyecto técnico para lo que sería el plan sucesorio del actual. Cabe señalar que dicha contratación fue judicializada por parte de la ex-legisladora Gabriela Alegre dado que uno de los socios de la consultora mencionada integra -junto a Guillermo Dietrich- el consejo de administración de una ONG, quedando denunciado penalmente por ello el mencionado funcionario.
A fin de poder obtener los resultados de dicha evaluación procedimos a solicitar al GCBA formalmente dicho informe[9] bajo los términos de la Ley 104/98 de información pública de CABA y con fecha 18 de agosto de 2017 la Directora General de Tránsito y Transporte del GCBA, María Eva Jokanovich, procedió a denegar la petición amparándose en el inciso c. del artículo 3 de la mencionada Ley, que impone límites en el acceso a la información pública, en este caso precisamente por la causa judicial antes señalada.
Conclusiones e interrogantes a futuro
La imposibilidad de acceder al informe evaluatorio del desempeño de las empresas concesionarias plantea serios interrogantes respecto a la concreción de los objetivos planteados en el Plan SL15/2010[10] haciendo que solo podamos contrastarlo con las vivencias del día a día que tenemos quienes transitamos la ciudad a diario, ya sea en auto, bicicleta, transporte público o como transeúntes. En ese sentido no parece verificarse una mejora en el ordenamiento y seguridad del tránsito de la ciudad lo que hace pensar que la enorme inversión[11] que se realizó en el plan de 5 años no fue del todo eficaz.
Sumado a ello en la actualidad las concesiones se encuentran vencidas y han sido prorrogadas hasta fines el 31 de diciembre de 2017 a la espera de la ejecución resultante de una nueva licitación pública.
Habrá que estar atentos para verificar si esta nueva licitación logra subsanar las falencias del plan anterior y si finalmente la tan mentada actualización tecnológica del sistema de señalización luminosa de la ciudad se completa, permitiendo optimizar los tiempos de traslado y la seguridad de quienes transitamos la ciudad.
* Licenciado en Ciencia Política (FSOC – UBA), Profesor Adjunto de Microeconomía (FCE – UBA), Especialista en Economía Política (FLACSO).
[1] Las lámparas incandescentes tienen una duración en promedio de 8.000 horas y las halógenas sólo de 1.000.
[2] ROWING S.A.-SWARCO AG-PROSINALIZACAO VIAIRIA LTDA (UTE), TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A.-TEYMA ABENGOA S.A. (UTE), MANTELECTRIC I.C.I.S.A., AUTOTROL S.A.F.I.A.e.I., LESKO S.A.C.I.F.I.A.-SICE SUCURSAL ARGENTINA (UTE) y SUTEC S.A..
[3] http://www.lanacion.com.ar/1729488-extienden-la-onda-verde-de-semaforos-en-avenidas-portenas
[4] http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4587.html
[5] http://archivo.larazon.viapais.com.ar/ciudad/semaforos-Ciudad-nuevas-lamparas-LED_0_661800007.html
[6] http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/plan-de-reconversion-del-alumbrado-publico-luminarias-led
[7] https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/semaforos
[8] El monto de la contratación ascendió a 10 millones de pesos por un trabajo de 22 semanas de duración.
[9] Solicitud de información pública que tramitó por número 00753777/17. https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/detalleSolicitud?identificador=00753777%2F17&tipoDoc=DNI&numeroDocCiudadano=28324249
[10] Es posible que, por ejemplo, el cambio a tecnología LED haya avanzado pero resulta imposible verificarlo atento a la denegación de información por parte del GCBA.
[11] Cabe señalar que las empresas concesionarias obtuvieron diferentes aumento sobre el monto del contrato original a saber: la empresa del área 1 obtuvo 4 modificaciones de obra lo que significó un 54,40% de aumento del monto original, la empresa concesionaria del área 2 obtuvo 5 modificaciones de obra que representaron un aumento del 46,01% del monto original, la del área 3 obtuvo 5 modificaciones que aumentaron el monto en un 31,86%, la concesionaria del área 4 un 19,53%, la empresa del área 5 un 15,28%, área 6 un 2,87%, área 7 un 0,82%, la concesionaria del área 8 obtuvo un aumento del 23,20% y la del área 9 un 17,79% lo que representa un aumento total del monto original de un 24%.
El Gobierno de la Ciudad está impulsando la reforma del actual Código de Planeamiento Urbano para dotar de un nuevo marco normativo a la gestión urbanística de la Ciudad.