Los vehículos abandonados que se remueven en la Ciudad son muy pocos, lo que potencia la problemática para estacionar en la vía pública.
Por Juan Pablo Pilatti – Publicado el 17 de abril de 2020
La dificultad para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires no escapa a ningún ciudadano que circula por la misma y los datos lo demuestran: 1.600.000 de vehículos circulan por día en la ciudad y sumando los espacios de estacionamiento privado -garajes privados, edificios y oficinas- más los espacios de estacionamiento en la vía pública, tenemos como resultado un déficit aproximado de 600.000 espacios.
Lógicamente existen múltiples causas que explican este problema -falta de planificación, cierre de estacionamientos privados por la suba de costos, inexistente inversión pública para crear estacionamientos públicos, aumento de las rampas de estacionamiento por el crecimiento urbano, deficiente sistema de transporte público, etc.-.
Tiempo atrás escribimos un artículo sobre esta problemática y una posible forma de mitigarla -la creación de estacionamientos subterráneos- y cómo el gobierno de la ciudad había hecho poco y nada al respecto pese a haberse sancionado leyes en las cuales se planificaba la creación de 60 estacionamientos de este tipo a lo largo de la ciudad.
Hoy queremos ocuparnos de otro de los motivos que explican una parte -si bien pequeña- de este déficit de espacios para estacionar: los autos abandonados en la vía pública”.
La ciudad cuenta con la Ley 342 del año 2000 la cual faculta al gobierno a remover los vehículos abandonados, no obstante ello recién 7 años mas tarde fue reglamentada mediante el Decreto 897/07 y en 2017 dicho decreto fue suplantado por el 198/17.
Entre los pasos principales del procedimiento de remoción, se destaca una primera intimación mediante un acta de constatación la cual se pega en el parabrisas del vehículo intimando al propietario a retirar de la vía pública el vehículo deteriorado. Luego de ello, se realiza una segunda intimación con información suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor al titular a que remueva el vehículo en un plazo de 15 días y vencido el mismo, el gobierno de la ciudad queda facultado para disponer del mismo y proceder a la compactación, desguace y venta de la chatarra resultante. Asimismo, la normativa permite que los vecinos realicen denuncias y soliciten la constatación por parte del gobierno para la posterior remoción.
Según datos oficiales, en 2018 se retiraron 1658 vehículos en total, numero que, al dividirlo por las 15 comunas de la ciudad, nos da poco mas de 100 autos removidos en el año en promedio en cada una de ellas y si lo dividimos por los 48 barrios, el promedio de remoción por año por barrio es apenas cercano a los 35.
Dicho número suena a poco y el lector puede verificar esto haciendo el simple ejercicio de observar los autos estacionados en su barrio. Al poco tiempo seguramente encontrará -como le ha pasado a quien suscribe- autos en estado de deterioro, abandonados.
En una nota de la web oficial del gobierno de la ciudad se detalla que de esos 1658 vehículos retirados en 2018, más de la mitad de las remociones fueron solicitadas por los vecinos a través de la plataforma BA147 o telefónicamente.
El gobierno intenta con esto mostrar el éxito de lo que se llama gobierno participativo pero a nuestro entender lo que queda demostrado es la falta de una política activa de las autoridades para dar respuestas a este problema”.
No parece descabellado pensar en que el área pertinente realice controles -por ejemplo bimestrales durante la madrugada en la vía pública- a fin de agilizar la detección y posterior remoción en vez de recostarse en la buena voluntad de los vecinos para reportar dicha problemática. Más aún cuando las comunas cuentan con inspectores comunales con facultades para realizar dichas inspecciones y que, a su vez, trabajan de manera concurrente con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial.
Vemos entonces que el gobierno de la Ciudad cuenta con las herramientas pero a nuestro entender no las aplica de la manera más eficiente, siendo este un signo más de la falta de una política integral respecto de la problemática del tránsito en la ciudad.
