Por Dra. Silvia La Ruffa – Publicado el 11 de julio de 2019

Introducción

Cuando hablamos de género nos referimos a la construcción social que se realiza en torno a lo que se considera femenino o masculino -si lo miramos en términos binarios- o a la definición cultural de las identidades en torno a la cuestión sexual. Es un concepto que nos permite distinguir el sexo atribuido biológicamente al nacer y la percepción que cada uno tiene de ello en su vida cotidiana. Incorporar la perspectiva de género desde una mirada integral de derechos humanos implica entender que esa construcción social, durante siglos, ha sido binaria y ha priorizado lo masculino por sobre lo femenino con consecuencias prácticas directas en la vida de mujeres y niñas y también de niños y varones así como todo otro tipo de identidades de género.

Descargar documento completo: “Las mujeres en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” y  “Las violencias contra las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”

Hasta no hace mucho tiempo las mujeres no podíamos asistir a la universidad, no podíamos elegir representantes ni presentarnos como candidatas políticas. Más cerca a estos días, las mujeres no accedíamos a los más altos puestos en la estructura jurisdiccional y las personas con una identidad de género diferente al sexo biológico asignado no podían llevar en su documento el nombre que coincidiera con su identidad auto percibida con todos los problemas que ello acarrea para la realización de otros derechos como estudiar, trabajar o no ser discriminado/a.

Por todo ello, cuando hablamos de género y justicia, en realidad, nos referimos a géneros y justicia y debe ser abordado desde dos perspectiva: los obstáculos existentes para el ingreso y desarrollo de las mujeres y otras identidades en la carrera judicial y la respuesta que la Justicia brinda a las mujeres y otras identidades a sus conflictos en general y en particular a los iniciados en tanto situaciones de violencia de género, es decir, aquellos conflictos que sufren por estar en una situación de subordinación con el otro u otra que ejerce esa violencia psicológica, física, económica o de cualquier tipo.

Para realizar un recorte que me permita exponer estas dos miradas en el tiempo estipulado para el panel, voy a circunscribir la presentación a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando de lado a la Justicia Nacional Ordinaria que también brinda servicios jurisdiccionales en este distrito.

Conclusiones

Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales. La información que brinda respeta el tradicional esquema binario de varones y mujeres. A efectos de visibilizar y revertir la historia conflictiva de vinculación entre la población de travestis y mujeres transexuales y el mundo de la justicia se necesitan grandes esfuerzos y abordajes integrables con el fin de que esta relación se vuelva amigable, no jerárquica, propia de un Estado de derecho y de una democracia.

Tanto el mapa de género de la justicia argentina como el mapa del delito del Gobierno de la ciudad invisibilizan las diversidad sexuales”.

El ingreso de las mujeres y su desarrollo profesional en el Poder Judicial de la Ciudad parece haber logrado quebrar el techo de cristal que tantas veces impedía el acceso a los tribunales superiores o las magistraturas. Sin embargo, hay que seguir monitoreando esta situación a efectos de que no se produzcan retrocesos en la materia ni que existan fueros más masculinos y otros más feminizados.

La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema, protocolos de actuación específicos y, fundamentalmente presupuesto para desarrollar políticas públicas de prevención de las violencias y asistencia integral de las víctimas que logre no solo su protección sino el
empoderamiento necesario para que salgan definitivamente del círculo de la violencia.

La participación igualitaria de las mujeres en la Justicia es condición necesaria para brindar un mejor servicio jurisdiccional pero no alcanza solo con contar el número de mujeres en cada posición sino que se requiere de capacitación permanente a todos los operadores del sistema”

*Exposición completa en el marco del Ciclo de Conferencias de miembros de FUNDEJUS realizado el 12 de junio de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Artículo publicado de 11 de julio  de 2019

La tasa de desocupación oficialmente comunicada para el 1er trimestre de este año es de 10,7% de la población económicamente activa de la Ciudad de Buenos Aires. Es la más elevada desde el tercer trimestre de 2017 y la más alta de los primeros trimestres desde que inició la actual administración en la Ciudad.

De esta manera, en los primeros tres meses de este año la tasa de desocupación se ubica 2,6 puntos por encima de la registrada en igual período del año anterior.

En el Primer trimestre de este año la desocupación alcanza a más de 186.000 personas, mientras que en el primer trimestre del año pasado eran aproximadamente 135.000.

La rama de actividad que perdió más empleo fue el Comercio que, desde el primer trimestre de 2017 viene registrando una caída de la actividad.

La tasa de desocupación mide el desempleo de la población económicamente activa de un territorio. Es decir, informa  y cuantifica la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, se encuentra sin trabajo.

La tasa de subocupación también muestra un leve pero permanente crecimiento, no sólo en la comparación con el mismo trimestre de otros años, sino también en la medición de todos los trimestres.

La población subocupada estimada en el primer trimestre de 2019 alcanza a 162.000, y viene incrementándose año a año.

La población subocupada refiere a aquella parte de la población económicamente activa que, estando ocupada, trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y buscan aumentar las horas de trabajo, generalmente como consecuencia del deterioro del salario real.

La población subocupada estimada en el primer trimestre de 2019 alcanza a 162.000, y viene incrementándose año a año”.

Un dato a señalar es que la tasa de desocupación de las mujeres es más alta que la de los varones. Es decir, el porcentaje de mujeres que pertenecen al grupo de la población económicamente activa que buscan trabajo sin poder ocuparse es superior en los hombres. El último dato dado a conocer recientemente determina que mientras que la desocupación de los hombres es de 9,4% de la PEA, la de las mujeres es de 12,1%.

A continuación se muestra un gráfico que indica la desocupación por Comunas en el año 2018.

Si bien no hay datos trimestrales por Comuna si se cuenta con información anual por lugar de residencia, para el año 2018, se observa que las comunas 4 y 8 tienen la más alta tasa de desocupación con un valor de 13,6% de la PEA en ambos casos.

Por Juan Pablo Pilatti* –  Publicado el 22 de abril de 2019

A finales de 2017 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.424 de “Régimen de fomento a la generación de energía distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública”, enviada por el Poder Ejecutivo. La misma abría las puertas para que los usuarios puedan transformarse en productores de energía mediante la instalación de sistemas de energía renovable y de esa manera autoabastecerse y hasta inyectar el excedente -si lo hubiere- a la red nacional de energía.

Esta política no es antojadiza sino que responde a lo que sucede globalmente. El contexto actual, tanto a nivel mundial como a nivel local, demanda un cambio en el paradigma en el uso y generación de la energía. La utilización de recursos no renovables para la generación de energía ha encontrado un techo, tanto en lo que se refiere la utilización de dichos recursos como al costo creciente que la utilización de estos impone sobre las economías de los países.

Afortunadamente dichos costos crecientes han permitido a su vez que los precios de generación por kilovatio de las energías renovables comiencen a ser competitivos, no sólo por lo antes señalado sino también por la mejora tecnológica que se viene dando en dicho campo como consecuencia de las crecientes inversiones a nivel mundial de las últimas décadas.

A nivel local, el aumento de los precios de la energía de los últimos años ha empujado a gobiernos locales, Pymes y particulares a buscar alternativas para reducir los crecientes costos. A su vez, el gobierno nacional siendo consciente de la histórica dependencia de recursos fósiles de nuestra matriz energética y la necesidad imperiosa de diversificar la misma por cuestiones macroeconómicas, ha dado los primeros pasos en materia normativa para rectificar dicha situación.

En los últimos días del año 2018, la Ley 27.424 fue reglamentada [1] dándose un nuevo paso hacia la real implementación del espíritu de la Ley.

Mediante dicha reglamentación se aclararon algunas dudas respecto de los alcances e incentivos que aportará el Estado Nacional para que los usuarios puedan instalar sistemas de energía renovable. Esto se debe a que la inversión requerida es importante, motivo por el cual se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) para el otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovable. Para el primer año de entrada en vigencia de la Ley -2019- se destinará al FODIS un presupuesto de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000).

La Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación –Autoridad de Aplicación- no ha especificado cuáles serán los mecanismos mediante los cuales pondrá a disposición de quien quiera ser generador, los millones de pesos con los que cuenta el FODIS.

Pensemos por ejemplo que el consorcio de un edificio podría instalar paneles solares fotovoltaicos en la terraza para reducir el monto que se paga para proveer de energía al edificio (luminarias, ascensores, portón de la cochera, etc.). Un edificio de 8 pisos con 34 departamentos y dos ascensores en el barrio de Belgrano tiene un gasto mensual de aproximadamente 1000 kw hora, lo que arroja una factura de $4.500.

Con una inversión de $400.000 se podrían instalar paneles que generen una potencia de casi la totalidad de esos 1000kw que se consumen mensualmente. Claro está que ello dependerá de la disponibilidad de espacio en la terraza, que no existan otros edificios que generen sombra, etc. pero la potencialidad es alta.

Ahora bien, el mayor impedimento viene dado por el monto de la inversión y allí es donde la normativa y las autoridades deben estar a la altura de las circunstancias. Al día de la fecha, la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación –Autoridad de Aplicación- no ha especificado cuáles serán los mecanismos mediante los cuales pondrá a disposición de quien quiera ser generador, los millones de pesos con los que cuenta el FODIS.

Si por ejemplo se implementan préstamos para la compra de los equipos de generación con una tasa preferencial, dicho préstamo se podría pagar mediante el ahorro generado. Como vimos en nuestro ejemplo, un consorcio de las características señaladas podría ahorrarse $4.000 pesos mensuales y volcarlos para el pago de las cuotas del préstamo haciendo que la inversión resulte atractiva. Lo mismo podría aplicarse para los clubes de barrio que vienen sufriendo los constantes aumentos en la energía o las pymes para las cuales la energía forma parte de sus costos de producción.

Cabe señalar también que para acceder a los beneficios promocionales de la Ley, la Ciudad de Buenos Aires debe adherir a través de su Legislatura a la Ley Nacional pero ello aún no ha sucedido, impidiendo a los ciudadanos de CABA de poder comenzar a ser generadores de energía.

La Ciudad de Buenos Aires aún no adhirió a través de su Legislatura a la Ley Nacional.

En resumen, las potencialidades de la aplicación de la Ley son interesantes pero dependerán de la correcta instrumentación de los incentivos por parte de las autoridades nacionales y del acompañamiento con políticas similares –exenciones de impuestos locales como el ABL por ejemplo- por parte de las autoridades de la Ciudad para hacer que la generación de energía mediante fuentes renovables por parte de los ciudadanos sea una realidad.

* Licenciado en Ciencia Política (FSOC – UBA), Profesor Adjunto de Microeconomía (FCE – UBA), Especialista en Economía Política (FLACSO).

[1] Las normativas que complementan a la Ley N° 27.424 son el Decreto N° 986/18 y su Anexo y la Resolución N° 314/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía y su Anexo.

Artículo publicado el 21 de agosto de 2018

Desayunos i-ciudad – Cómo funciona el GPS, herramienta desarrollada por Asap y Cippec

En el marco de los desayunos organizados por el Instituto i-ciudad, el seis de agosto de 2018 recibimos en nuestra sede a representantes de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). En el encuentro, Rafael Flores por ASAP y Gonzalo Dieguez por CIPPEC, presentaron un trabajo colaborativo entre ambas instituciones: el GPS del Estado.

La herramienta brinda información sobre cómo se organiza el Sector Público Nacional, sus estructuras y funciones, los recursos humanos y financieros de cada organismo, sus autoridades, marcos normativos, planes de acción y resultados. Además, dimensiona el tamaño y la estructura del Sector Público Nacional para facilitar la rendición social de cuentas al agrupar la información pública de cada organismo, permitiendo vincular el cumplimiento de metas con sus responsables. También, observa los organismos que no se miran habitualmente como son los descentralizados y que sin embargo tienen una incidencia muy importante en el presupuesto general.

El GPS analiza qué hace, cuánto mide y cómo gasta el sector Público Nacional, incluyendo la cantidad y calidad del empleo público.

En la presentación ante el Presidente del i-ciudad, Juan Manuel Olmos, y los Directores, Martín Olmos, Silvia La Ruffa, Rosa Aboy, Laura Rocha y Marta Albamonte, relataron cómo, a partir de la mirada diferenciada que tiene cada una de las instituciones sobre el Estado, se pudo construir esta herramienta que finalmente es el corolario de un trabajo conjunto.

Rafael Flores, de ASAP, entre otros conceptos, expuso que “la idea surgió como resultado de haber verificado que, si bien había muchos datos sobre el Estado nacional en materia de gestión y administración financiera, la misma, se encontraba dispersa e inconexa, aun cuando debería ser el propio Estado quien se encargue de generar herramientas para un mejor acceso a la información”. Y agregó que “de allí surgió la necesidad de sistematizar y ordenar la información del Sector Público Nacional, vinculada a la estructura, los recursos físicos y financieros, las metas y objetivos, para abonar a la transparencia y generar elementos para la establecer un piso para la discusión pública de todo lo que se habla permanentemente en la Argentina en los últimos años. Por ejemplo: qué hacer con el empleo público o con el déficit fiscal. Para ello era necesario tener una base cierta”.

Por su parte, Gonzalo Dieguez, manifestó que “en general cuando se discuten políticas públicas es poco lo que se discute sobre los impactos que tienen las mismas. En consecuencia, la pregunta es hasta dónde trabajamos con políticas públicas basadas en evidencia. Es por eso que consideramos que eso era lo sustancial y nos propusimos generar información de gestión”.

A continuación, los especialistas, presentaron un resumen de la información compilada.

  • El GPS muestra la evolución de los cambios y continuidades experimentados por el Sector Público Nacional. Bajo diferentes perspectivas – estructura organizacional del aparato estatal, empresas públicas, empleo público, alta dirección pública, género, y presupuesto – analiza el Estado a partir del cambio de gobierno producido a partir de diciembre de 2015.
  • Desde el 2003, el Estado expandió sus fronteras de funcionamiento con diferentes ritmos de velocidad. El correlato de este proceso se tradujo en un crecimiento notable de la estructura del sector público a nivel nacional.
  • Entre 2003 y 2015 se crearon seis nuevos ministerios, 25 organismos descentralizados, 20 nuevas universidades y 15 empresas estatales.
  • Con el cambio de gobierno, en 2016 la estructura del sector público a nivel nacional continuó incrementándose de manera significativa, a partir de la creación de seis nuevos ministerios (y la disolución de uno: Planificación), elevando la cantidad total de ministerios de 18 a 23. Este gabinete presidencial de mayor tamaño se tradujo en la creación de nuevas estructuras de secretarías y subsecretarías, lo que implicó a su vez la designación de nuevos cargos ejecutivos, en especial en el caso de las direcciones nacionales, que crecieron en mayor proporción.

También hicieron referencia a las áreas de gobierno que habitualmente no se observa: los Organismos descentralizados.

  • Entre 2003 y 2015 los organismos descentralizados se incrementaron un 25% pasando de 67 en 2003 a 84 en 2015. En total se crearon 25 Organismos Descentralizados y se eliminaron ocho.
  • En 2016 la mayor proporción de las estructuras estatales nacionales sigue agrupándose en los organismos descentralizados y las empresas públicas.
  • A fines de 2016 el 44% de los empleados de la Administración Pública Nacional (sin considerar personal de seguridad y defensa) se encontraba trabajando en Organismos Descentralizados.
  • Entre 2003 y 2015 hubo un importante incremento del papel del Estado como productor directo de bienes y servicios a través de la incorporación de 13 empresas de propiedad estatal, seis de las cuales fueron creadas (aunque en varios casos asumieron funciones que correspondían a empresas disueltas en la década anterior) y siete fueron re-estatizadas
  • En 2016, se observó la creación de una sola empresa pública dedicada a la gestión y provisión de servicios de radiodifusión (Contenidos Públicos S.E)
  • El Sector Público Nacional cuenta actualmente con 56 empresas, 49 en funcionamiento y siete en proceso de liquidación. Aunque significativo, el peso que tiene este sector en el Estado nacional no es muy distinto al que tiene tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Los países de la OCDE contaban con 39 empresas públicas nacionales en promedio en 2012 y los países de América Latina con 42 en el año 2013.

En relación al empleo público el GPS del Estado indica que las estadísticas sobre empleo público presentan importantes limitaciones en nuestro país:

  • No hay datos estadísticos oficiales consolidados para los tres niveles de gobierno, las fuentes están discontinuadas a lo largo del tiempo y tampoco existe un organismo estatal encargado de construir y publicar información fidedigna.
  • Se puede inferir que 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina se desempeñan en alguna repartición estatal del orden nacional, provincial o municipal. Sin embargo, el ritmo y la intensidad del crecimiento del empleo estatal no se comporta en forma homogénea para los tres niveles de gobierno.
  • En Argentina, el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional explica apenas el 21% del empleo público total, como resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años setenta y continuado luego a lo largo de los noventa.

Con respecto a la Alta Dirección Pública, en los últimos 16 años la designación de los miembros de la ADP fue discrecional.

En relación a la cuestión de género en el empleo público nacional, el GPS detecta que si bien “Argentina ha sido reconocida en la región como un país pionero en materia de impulsar equidad de género en la actividad pública. Fue el primer país en adoptar acciones afirmativas para incorporar a la mujer a cargos políticos electivos, con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991”.
Este avance en materia de equidad en el Poder Legislativo no ha tenido su correlato en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en donde el nivel de participación femenina evidencia un crecimiento más tímido y sinuoso.

Si observamos la evolución del total de designaciones realizadas a ministras desde 1983 a 2016, por período presidencial, nos encontramos con que la tendencia de incorporación creciente de mujeres a la vida pública desde el regreso de la democracia se ha visto interrumpida en tres ocasiones.

El primer retroceso se evidenció durante la primera presidencia de Carlos Menem, quien contó con un gabinete ministerial integrado exclusivamente por hombres, a diferencia de su predecesor, Raúl Alfonsín, quien designó a una mujer como ministra.

El segundo retroceso se evidenció entre las dos gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández con la designación de una ministra menos en el período 2011-2015 con respecto a su primer mandato.

Por último, la tercera interrupción de la tendencia incremental se produjo con la gestión de Cambiemos. El total de designaciones a ministros/as realizadas por Mauricio Macri en sus dos primeros años de gestión, el 11% de sus designaciones han sido mujeres. Este escenario supone una caída con respecto a los gabinetes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien designó a un 16% de mujeres durante su segundo mandato.

Conclusiones

Como conclusión de la presentación realizada en el i-ciudad, surge que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires falta una herramienta de estas características, dado que brinda elementos para el análisis de las políticas públicas, el abordaje de las necesidades que ellas van a satisfacer, con qué recursos cuentan y cómo mejorar la mejor asignación de los mismos.

Si bien el diseño del GPS tiene como objeto de estudio el Estado nacional, es un dispositivo útil para desarrollar, adaptar y utilizar en los Estados sub nacionales.

La posibilidad de que una organización como el Instituto i-ciudad, que tiene como objetivo central el análisis de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con el apoyo de las instituciones que gestaron el GPS del Estado, elaboren un instrumento que permita sistematizar y analizar la información diseminada en las distintas áreas de gobierno, deviene en indispensable.

De esta manera se podrá tener acceso a la información por parte de los habitantes de la Ciudad, en cuanto a la dimensión y estructura del sector público, así como en poder identificar la distribución de los recursos físicos y monetarios y generar información en relación con el desenvolvimiento de los organismos gubernamentales, el nivel de cumplimiento de las metas físicas de los servicios que brinda el Estado porteño a sus habitantes en cada una de sus áreas de gobierno.

Artículo publicado el 21 de agosto de 2018

El Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires firmó un convenio marco de colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con el objetivo de trabajar en forma conjunta en el seguimiento de las políticas públicas desarrolladas en el ámbito porteño y en el análisis que se desarrolle sobre la percepción, por parte de los vecinos, de las problemáticas más relevantes.

A partir de este acuerdo, como fruto del trabajado mancomunado, y debido a la enorme cantidad de datos en torno a los ejes de problemáticas y políticas públicas que atraviesan la Ciudad, ambas instituciones se comprometen a poder desarrollar herramientas de big data que faciliten el abordaje de los mismos.

Una de las herramientas que desarrolló el instituto es el Mapa del Delito donde se analizan los homicidios, delitos transferidos, contravenciones, robos y hurtos por comuna de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el mapa permite una comparación con ciudades del mundo en materia de seguridad.

Por otro lado, el i-ciudad generó un Tablero de Ejecución Presupuestaria en el que se analiza el presupuesto de la Ciudad, la inversión destinada a cada área y su evolución durante la última década.

En un futuro se prevé continuar en la implementación de herramientas que permitan analizar la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires para poder generar en conjunto políticas públicas que respondan a las necesidades de los vecinos y vecinas.

Artículo publicado el 21 de agosto de 2018

En el Encuentro Buenos Aires de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, desarrollado y organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 14 de agosto, se realizó el taller: “Igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en el que participó el Instituto i-ciudad, en el marco de cooperación con el organismo.

El propósito de este taller fue mostrar la centralidad de la igualdad de género y defender un enfoque basado en derechos, establecer puntos de partida y tendencias relacionados con el género a partir de datos obtenidos. Además ofrecer orientación concreta sobre políticas en temas de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y cuidados no remunerados, así como describir el modo en que esas políticas se interrelacionan con otros objetivos, abordar la temática de las desigualdades y problemas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, social y económico.

La profesora María Elena Naddeo, Directora General del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.

Expusieron también Norma Sanchis, integrante de la Red Internacional de Género y Comercio; presidenta de la Asociación Lola Mora; Carla Majdalani, del Instituto Nacional de las Mujeres; la diputada nacional Vanesa Siley y la legisladora porteña, Andrea Conde.

Por el Instituto i-ciudad, participó Marta Albamonte, Directora de Finanzas, quien manifestó que si bien la premisa de “igual remuneración por igual trabajo” está establecida en la Constitución Nacional y en el capítulo de las Mujeres de la Ley de Contrato de trabajo, la realidad es que existe una diferencia sustancial no sólo entre los sueldos de las mujeres y de los varones, sino también en las posibilidades de acceso a puestos de trabajo.

Según la rama de actividad las diferencias se profundizan. En las áreas de servicios como comercio, las mujeres cobran un 30% menos, siendo una actividad donde hay alta ocupación de mujeres. La tasa de desocupación de las mujeres es prácticamente el doble que la de los hombres.

Por otro lado, el peso del trabajo doméstico no remunerado o el cuidado de la familia, que genera una limitante para las mujeres y requiere remover resistencias culturales e institucionales.

Los niveles de calificación y formación no resuelven la brecha salarial. Las mujeres profesionales, tienen mayor posibilidad de acceso al trabajo, sin embargo, no acceden a los mismos sueldos. Pero además de la desigualdad entre hombres y mujeres, hay diferencias entre mujeres entre sí, vinculada a la relación con el cuidado, que es diferente según los sectores sociales. En el ámbito de la Ciudad, hay comunas en el que las mujeres tienen las tasas de desocupación más altas y que coinciden con aquellas zonas que se encuentran más deprimidas en materia de infraestructura y con hogares con mayores necesidades básicas.

Otro límite para las mujeres para un mejor acceso al trabajo, es el régimen de licencias que les impone la responsabilidad de todo lo vinculado al cuidado de hijos y familiares. Entre las propuestas, una de ellas fue la revisión de las licencias para que tanto mujeres como varones tengan el derecho y la obligación de hacerse cargo del cuidado familiar.

Por otro lado, se señaló que hay que adecuar las leyes vigentes y que el Estado asuma el rol de controlar el cumplimiento de las mismas y penalizar en los casos que corresponda. Una cuestión que también manifestó fue la necesidad de establecer un cupo para las personas Trans que, en la actualidad, tienen fuertes limitantes para acceder a trabajos no precarizados.

Dra. Arq. Rosa Aboy –  Publicado el 3 de julio de 2018

Según el Censo de 2010, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con 1.423.973 viviendas. Si consideramos que la población total censada en la ciudad era de algo menos de 3 millones de habitantes, la proporción que surge es la de una vivienda cada dos habitantes. Sin embargo, los promedios, como bien sabe cualquier investigador, pueden inducir a error, pues su aparente equilibrio oculta una gran diversidad que va desde la existencia de viviendas vacías, o subocupadas, a otras en condiciones de hacinamiento o en las cuales el grado de deterioro impide la práctica de las funciones básicas de habitar.

Una de las distorsiones es introducida por la gran cantidad de unidades de vivienda vacías, que sus dueños poseen como activos para inversión, sin función habitacional alguna. Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la propuesta presentada al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al titular del IVC, Luis Maquieyra, por la Mesa de alquileres, creada tras la sanción de la Ley 5.859, que eximió a los inquilinos del pago de la comisión a las inmobiliarias.

De la reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de junio, participaron representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria, la Defensoría del Pueblo y también algunas ONG’s e Inquilinos Agrupados. Los representantes de la Mesa solicitaron “estudiar la situación actual de las viviendas ociosas para delinear programas con el objetivo de incorporarlas al mercado inmobiliario”, basados en la escasa oferta de alquileres en el mercado y el alto precio de los mismos por la escasez de la oferta.

El socialista Roy Cortina había presentado, meses atrás en la Legislatura Porteña, un proyecto en el mismo sentido. La posibilidad de incentivar el ingreso de estas unidades al mercado había aparecido también, el año pasado, en oportunidad de la discusión sobre la reforma de la ley de alquileres. El tema es relevante puesto que, según un informe especial de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicado en septiembre de 2015, el 40% de los porteños es inquilino u ocupante de sus viviendas.

El trabajo de la Defensoría, que aborda la problemática del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva que incorpora tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa, arrojó cifras interesantes. Gracias al trabajo realizado, puede saberse que el 5% del total de las viviendas presenta condiciones habitacionales deficitarias y que el 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur. En contraposición con el déficit, se estima que más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas, se encuentran vacías. Finalmente, el trabajo estimaba en alrededor del 17% la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que se desprende que aproximadamente 480.000 personas habrían sufrido, en 2015, problemas de vivienda. La mayor parte del déficit, así como el mayor porcentaje de hacinamiento, corresponden a la zona sur de la CABA.

El 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios, lo que equivale a aproximadamente 200 mil personas, en su mayoría ubicados en la zona sur.

A la luz de estas cifras y porcentajes, la iniciativa de promover el alquiler de los inmuebles deshabitados, a través de políticas públicas, resulta interesante y podría inyectar algunas unidades en el mercado, aunque resulta insuficiente para mejorar sustantivamente la oferta de unidades para alquiler. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que en muchos casos, la demanda insatisfecha de alquileres corresponde a los sectores medios y medio bajos de la sociedad, mientras que la mayor parte de los inmuebles ociosos son de gama media o media alta, pues son los sectores sociales más favorecidos quienes pueden tener sus departamentos vacíos como resguardo de capital. Es decir que las unidades que puedan inyectarse al mercado no necesariamente serán aquellos cuya renta puedan afrontar las familias con mayor demanda insatisfecha.

En segundo lugar, y en relación con la primera razón expuesta, está el tema de la localización de los inmuebles ociosos. Al ser una reserva de capital y potencial fuente de liquidez, a través de la venta por sus propietarios, estas viviendas suelen localizarse en los barrios del norte de la ciudad. Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta y Puerto Madero son los barrios con mayor cantidad de viviendas ociosas y con valores más altos por metro cuadrado. Por esta razón, el ingreso de estas unidades en el mercado no soluciona una demanda que parece extendida en los diferentes barrios y comunas porteñas, con especial intensidad en la zona sur.

Las leyes e iniciativas de políticas públicas orientadas a ampliar y democratizar el mercado de alquileres, que abastece de vivienda al 40% de los porteños, son herramientas necesarias. En ese espíritu se orienta la iniciativa de gravar los inmuebles ociosos. Para complementar esas iniciativas y ampliar el mercado de alquileres sería necesario elaborar no solo una, sino un conjunto de políticas específicas que teniendo en el centro a la política de alquileres, debería configurar un verdadero sistema con varias caras o aristas de las políticas urbanas: habitacional, de desarrollo económico y como política de patrimonio urbano.

Algunos barrios del centro de la Ciudad de Buenos Aires, como Montserrat, San Nicolás o San Cristóbal, entre otros, cumplen con tres parámetros urbanísticos que los vuelven potencialmente atractivos para dar vivienda en alquiler a una población de jóvenes estudiantes, profesionales o empleados de las clases medias. Estos barrios tienen una excelente conectividad a través de la infraestructura de transportes (metrobus, subterráneos, bicisendas, colectivos y cercanía a estaciones de tren), además tienen una buena infraestructura de consumos culturales, gastronómicos y de entretenimiento (están cerca de cines, salas de espectáculos, cafés, centros culturales, casas de estudio, etc.) y finalmente, cuentan con una gran cantidad de edificios de departamentos de muy buen proyecto y excelente calidad constructiva, pero en condiciones de mantenimiento deficiente.

La ciudad podría implementar, en zonas específicas, políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios, otorgando créditos a los propietarios para la puesta en valor de los edificios. Esto ampliaría el mercado de alquileres hacia zonas donde los valores son más accesibles que los de los barrios del norte de la ciudad.

La ciudad podría implementar políticas de fomento para el alquiler orientadas al segmento de los jóvenes, económicamente activos y pertenecientes a los sectores medios.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la economía urbana, habría un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, puesto que la infraestructura de transportes y el equipamiento comercial y gastronómico, en estos barrios, está subutilizada durante los fines de semana y en horas no laborables. En tercer lugar, una masa crítica de habitantes de clase media permitiría comenzar a revertir la tendencia a la gentrificación del centro de la ciudad, fomentando la función residencial en el área central, que ha sufrido un desplazamiento de la vivienda desde hace décadas.

Finalmente, la revitalización del centro y el inicio de un proceso público-privado de puesta en valor de la excelente arquitectura de casas de renta que puebla sus calles, materializaría una alianza virtuosa y necesaria entre políticas de vivienda, desarrollo económico y patrimonio urbano. Los problemas de déficit habitacional son complejos y multideterminados en sus causas y por eso, el desafío es el de construir soluciones creativas que, empleando diferentes herramientas, apunten a la convergencia en la solución del problema de la escasez de oferta de alquileres y paralelamente, redunden en un beneficio económico, cultural y ambiental para la ciudad y todos sus habitantes.

Publicado el 3 de julio de 2018

El presidente y la vicepresidenta del Instituto i-ciudad, Juan Manuel Olmos y Silvia La Ruffa, respectivamente, expusieron en el Seminario Regional sobre Derechos Humanos y Seguridad “Un debate sobre el uso de la fuerza y el rol de la justicia”, que se llevó a cabo el pasado 7 y 8 de junio y que contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales.

En el encuentro -organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América del Sur-, se debatió sobre el uso de la fuerza, la prevención del delito, el derecho a la protesta, las intervenciones policiales y la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros temas.

Olmos, que participó en el panel central “Derechos Humanos y Seguridad. Estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, hizo un análisis exhaustivo sobre la actual situación económica, política y social de la Argentina y señaló que “dado el nivel de conflictividad social que se avizora en el corto plazo, será fundamental encontrar las herramientas necesarias para el sostenimiento de la paz social”.

Dado el nivel de conflictividad social que se avizora en el corto plazo, será fundamental encontrar las herramientas necesarias para el sostenimiento de la paz social”

Además, se refirió al uso de las fuerzas de seguridad y al rol que debe tener la justicia en este contexto. En ese marco, recordó y detalló el fallo de la Jueza Patricia López Vergara y la actuación de la Cámara de Apelaciones porteña, durante las manifestaciones que se produjeron a fines del año pasado cuando el Congreso intentaba sancionar la reforma previsional.

Finalmente, el presidente del i-ciudad pidió al Ministerio de Seguridad y Justicia que “ponga en práctica la Defensoría del Personal de la Policía” para que “junto a las organizaciones sociales y a la Defensoría del Pueblo, trabajen con un objetivo principal: mantener la paz social entre todos los argentinos”.

En el panel, Olmos estuvo acompañado por ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, la rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, Marcela de Langhe, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro y el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Xavier Mena.

Por su parte, La Ruffa moderó el debate sobre “Políticas de formación policial, producción de conocimiento sobre el uso racional de la fuerza y políticas de seguridad”. Allí, afirmó que “la experiencia en la formación policial demuestra que el ser policía no se forma solo en las aulas sino a lo largo de toda la carrera profesional”.

La experiencia en la formación policial demuestra que el ser policía no se forma solo en las aulas sino a lo largo de toda la carrera profesional”.

El Seminario contó con la presencia del Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, el Defensor Adjunto, Gabriel Fuks, el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, René Mauricio Valdés, la representante de la Universidad Cándido Mendes de Río de Janeiro, Silvia Ramos y el representante del Consejo Federal de Mecanismos Locales en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Enrique Font, entre otros.

Artículo publicado el 12 de junio de 2018

Durante la jornada sobre Géneros y Ciudades, organizada por ICiudad y el CEM también estuvo presente la discusión sobre la participación en temas de Ciencia e Innovación. La discusión de la mesa al comienzo estuvo muy atravesada por la lucha a favor de la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Luego se propuso un ejercicio para analizar propuestas para revertir las desigualdades de género que se conocen en el campo de la ciencia y la tecnología.

Algunos de los diagnósticos tuvieron que ver con la mayor participación de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología pero en los roles no de investigadores principales. En esto influyen las opciones vitales de las mujeres (en particular el embarazo) que interrumpen frente a la falta de condiciones para el cuidado de niños / niñas su carrera, el ingreso o egreso de post-grado.

Otro de los puntos salientes se centró en evitar la segregación horizontal (vinculada a la elección de disciplinas tradicionalmente “femeninas”) a través de políticas orientadas. Y la segregación vertical que obstaculiza ocupar cargos jerárquicos a las mujeres.

Pero también se analizó la necesidad de revisar la carrera de investigador/a en términos de los obstáculos que tienen que superar las mujeres investigadoras.  Se sugirió revisar con criterios de género el financiamiento y los criterios de evaluación de proyectos de investigación, así como la necesidad de contar con licencias, cupos.

También se analizaron las microviolencias vinculadas a expresiones (sobre la forma de vestir, sobre la decisión de tener hijos), formas de tratar, acoso de profesores titulares a alumnas y de tutores de tesis. En este sentido, se sugirió que los protocolos diseñados al efecto para evitar este tipo de violencias genere en todas las unidades académicas un presupuesto y actividades pertinente para transparentar y modificar estas denuncias.

Por último, se propuso la necesidad de que las mujeres del mundo de la ciencia y la tecnología realicen un trabajo en las escuelas con talleres, lugares de apoyo, talleres de programación que permita a las mujeres de bajos recursos crear aplicaciones que impacten en su vida cotidiana. También se mencionó la idea de Incentivar la matrícula femenina en las STEM y de realizar propuestas para el sector privado sobre la productividad de las mujeres, en particular en el sector servicios y las pérdidas que ocasiona su falta de reconocimiento.

Participantes:

  • Nadia Luna, Periodista
  • Verónica Pérez, experta en Transporte, investigadora del Conicet
  • Marisa Herrera, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) especializada en temas de familia, infancia y adolescencia.
  • Marisa Scardino, Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Planificación Urbana y Regional en la FADU-UBA
  • Carolina Spataro, Doctora en Ciencias Sociales Magister de la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
  • Fernando Peirano, Economista, miembro del CEM
  • Pablo Peirano, especialista en Urbanismo e Innovación del CEM
  • Marcos Schiavi, Historiador, UMET
  • Malena Ruffo, asistente, CEM
  • Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
  • Moderador: Mónica Sladogna, Coordinadora Área Trabajo y Producción del CEM